Desde hace décadas, empresas turísticas han pretendido desarrollar en Coiba un turismo de lujo, pero tropiezan con la resistencia de científicos y grupos ecologistas.
Las discrepancias relativas al futuro del Parque dividen a ambientalistas y capitalistas, mientras aumenta la tensión por el manejo que tendrá esa zona del Pacífico.
Por David Carrasco
Organizaciones ambientalistas sustentaron sus objeciones a un Plan de Uso Público aprobado por el Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba, de 270.125 hectáreas, el de mayor extensión en Panamá y de gran importancia biológica en el Pacífico Este Tropical americano, debido a “imprecisiones” en el documento y a temores de que sean desmontados avances en la protección ambiental.
La jurista Luisa Arauz, del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), manifestó su preocupación por el futuro del Parque y otras áreas protegidas en Panamá que son codiciadas por empresas turísticas, algunas de ellas vinculadas al capital multinacional.
Arauz señaló que “hay que asegurarse de que las poblaciones marinas de especies no sigan deteriorándose”, y que ello debería ser consignado en un documento oficial más amplio que rija en el Parque Nacional Coiba y su rico escenario de vida marina, para una adecuada protección y reducción de amenazas al ecosistema.
La propuesta de uso de suelos prevé una nueva zonificación, la construcción de posibles nuevos hoteles, embarcaderos y un aumento del número de turistas, con la idea de que quienes visiten esas áreas contribuyan a protegerlas en el futuro.
De hecho, el ministro de Ambiente, Emilio Sempris, indicó que a través del plan presentado se cumple el reto oficial de ordenar en un plazo perentorio las actividades públicas en esa zona y adoptar los compromisos asumidos ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Con el objetivo de impulsar el ecoturismo y promover el aprecio a la biodiversidad en Panamá, el Ministerio de Ambiente emitió ña Resolución 602 del 11 de diciembre de 2017, para la eliminación del cobro de entrada y del permiso para acampar en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), con excepción del Parque Nacional Coiba, que tiene una legislación especial.
Las organizaciones ecologistas difieren de enfoque del plan diseñado para las áreas protegidas de Coiba, presentado luego de res años de trabajo. Aducen que el texto contiene falencias y, debido a sus “impresiones”, es un “instrumento de gestión deficiente”.
Arauz añadió que se persigue generar un desarrollo turístico en el territorio marino e insular, pero “de nada sirve promover el ecoturismo en esa zona, si las características que la hicieron merecedor de sitio de patrimonio mundial están desapareciendo”.
Reseñó que los intereses económicos particulares “son una amenaza latente para todas las áreas protegidas en Panamá y en la región latinoamericana”, y lamentó que sean valoradas por las ganancias que pueden generar y no por su extraordinario valor natural.
Temor a un desastre, como el de las conchuelas
Integrantes de un Comité Científico cuestionaron en 2017 los intentos de cambiar las instalaciones administrativas del Parque Nacional Coiba, en el sector de Playa Machete, a otro donde se harían campamentos de lujo en un área infestada de cocodrilos, lo que pondría en riesgo la vida de los turistas.
Asimismo, deploraron que el documento oficial no sustenta los estimados de capacidad de carga de visitantes en el Parque y carece de una exhaustiva evaluación científica, al incluir en la lista de animales nativos a especies que no existen en ese ecosistema.
Las críticas formuladas por los científicos apuntan a que el plan debió privilegiar las investigaciones sobre la flora del Parque, los arrecifes, las pesquerías, los cetáceos, los cocodrilos y las tortugas, e incluir el polémico tema de la pesca deportiva.
En la mente de los ecologistas persiste el ejemplo de malas prácticas y políticas erradas que en 1991 desencadenaron el colapso de las pesquerías de conchuelas en el Pacífico panameño. La sobrepesca y los artificios de arrastre del fondo marino, utilizados por las flotas pesqueras, causaron un severo daño a ese recurso con alto valor en los mercados internacionales de productos del mar.
Tania Arosemena, de la no gubernamental Fundación MarViva, y Rosabel Miró, de la Sociedad Audubon Panamá, advirtieron que el plan de uso de suelos debe ser adecuado a las recomendaciones de los expertos y ajustes relevantes sobre el Parque Nacional Coiba, que fue declarado Patrimonio de la Unesco en 2005.
En ese sentido, Arosemena instó a las autoridades a actuar con “claridad y transparencia” en temas ambientales sensitivos, como la actividad turística en áreas protegidas, antes de aprobar concesiones o financiamientos internacionales en ese ámbito. Recordó que MarViva ha adiestrado a las comunidades costeras en el manejo de un turismo de bajo impacto y en el avistamiento de especies.
Isla Coiba, la mayor de todas las islas en el archipiélago en el Parque Nacional, posee especies endémicas. Más del 80 por ciento de la Isla tiene selvas originales y manglares. En sus playas llegan a desovar al menos tres especies de tortugas marinas. Además, alberga a los arrecifes coralinos mejor conservados del Pacífico panameño.
El Parque Nacional Coiba es un eslabón vital del Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical (CMAR), que integran, además, la isla del Coco (Costa Rica), isla Malpelo y Gorgona (Colombia) y Galápagos (Ecuador), donde se reproducen orcas, delfines y ballenas jorobadas.
