Revelador Informe del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) deja al descubierto el menosprecio hacia los países centroamericanos en los esfuerzos para enfrentar el cambio climático y el reto energético.
Icefi / Guatemala
De los fondos aprobados para Centroamérica, únicamente el 1,1% se ha invertido en descentralización energética, medida que podría llevar la energía a los 4,7 millones de personas que aún no cuenta con el servicio en la región. Los datos fueron publicados por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y el Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo (Hivos) en su estudio “Financiamiento climático y descentralización energética en Centroamérica”.
Aun cuando el acceso a energía renovable, asequible y moderna es un elemento indispensable para erradicar la pobreza y luchar contra el cambio climático, el 10,4% de la población centroamericana (4,7 millones de personas), aún no tiene acceso a la energía, especialmente en las áreas rurales. Esto puede cambiar si los Estados apuestan por la descentralización energética, es decir, por la producción de energía a través de sistemas que no requieran necesariamente estar conectados a la red de distribución y estén en las mismas comunidades con problemas de acceso o cerca de ellas. Así lo señalaron Icefi e Hivos durante el foro “Financiamiento climático: ¿Cuánto se destina para garantizar el acceso universal a la energía?”, celebrado el 14 de junio en Ciudad de Guatemala.
Icefi e Hivos señalaron que el principal desafío para garantizar el acceso universal a la energía es el financiamiento, especialmente considerando que los Estados centroamericanos cuentan con políticas fiscales debilitadas e insuficientes para asumir estos compromisos. En este contexto, resulta clave el papel del financiamiento climático internacional, particularmente el que proviene de los grandes fondos climáticos internacionales. De acuerdo con la base de datos del Climate Funds Update (CFU), entre 2003 y 2016, Centroamérica recibió sólo el 0,7% (USD 211 millones) del financiamiento climático aprobado a nivel mundial. De los fondos aprobados para Centroamérica, el 32.5% (USD 68.8 millones) se destinaron al sector energético; pero únicamente el 1,1% del total para la región (USD 2.35 millones) se utilizaron para proyectos de descentralización energética, siendo Honduras el único país de la región que recibió financiamiento climático para un proyecto de infraestructura de electrificación rural.
Con respecto a Guatemala, un caso de estudio sobre financiamiento climático y descentralización energética –que contó con un proceso de auditoría social realizado en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública– evidenció que los recursos destinados a la descentralización energética resultan marginales. También, mostró que en el país no hay una concepción generalmente aceptada de lo que constituye financiamiento climático, lo que se ve reflejado en las diferencias en los registros y el origen del flujo de dichos recursos que reporta cada institución pública.
Para ambas instituciones, es necesario que los países garanticen tanto la transparencia en la ejecución de los fondos climáticos ya obtenidos, como una mayor coordinación interinstitucional que asegure la alineación entre esos recursos y los planes y prioridades definidos a nivel nacional, en particular los que permitan alcanzar la meta de acceso universal a la energía. Finalmente, Icefi e Hivos recomendaron a los países de la región no limitarse a la solicitud de financiamiento climático internacional y fortalecer sus esfuerzos de movilización de recursos para la descentralización energética; para ello, es preciso promover reformas fiscales integrales que aseguren contar con los recursos suficientes para garantizar el acceso universal a la energía limpia, segura, asequible y sostenible.
