“La aplicación de esta norma tiene lógica de Guerra Fría”, dice el director del INDH.
Por Catalina Barrios
Desde hoy, la Machi Francisca Linconao cumplirá arresto domiciliario en su casa en Nueva Imperial. Luego de la presión de diversos organismos de derechos humanos y parlamentarios, la justicia cedió y la autoridad mapuche de 60 años dejará atrás los nueve meses de encierro y los 14 días de huelga de hambre que enfrentó en medio de la investigación por el caso Luchsinger-Mackay.
Sin embargo, no sólo la prisión preventiva de la Machi provocó debates y controversia. El conflicto más profundo es la Ley Antiterrorista, el origen de la medida cautelar que se le aplicó anteriormente a la acusada, ya que establece penas más graves que los delitos comunes.
Durante las últimas semanas, las críticas incluso fueron lanzadas desde la Nueva Mayoría. El Partido Comunista hizo un comunicado en el que solicitaba la liberación de Francisca Linconao y las diputadas Karol Cariola (PC), Camila Vallejo (PC), Cristina Girardi (PPD) y Daniela Cicardini (PS), enviaron una carta a La Moneda en la que mostraron su postura frente a la herencia legal de la dictadura e hicieron un llamado para que se descartara en este caso.
Por otro lado, distintas entidades nacionales aludieron al artículo 10 N°2 del Convenio N°169 de la OIT. Este señala que “cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de pueblos indígenas, deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.
Una nueva Ley Antimapuche
La cuestionada Ley fue invocada el año 2013 cuando hubo un ataque incendiario en la Araucanía donde murió el matrimonio Luchsinger-Mackay, quienes quedaron calcinados en el interior de su casa. A raíz de esto, fueron acusados 10 comuneros mapuche, junto a la Machi Francisca Linconao, quien hasta ahora ha sido parte de cuatro procesos judiciales en los que el Tribunal ha aprobado por mayoría la libertad condicional, pero en todos terminaba con prisión preventiva. Esto se debe a que la Ley aplicada en el caso exige la unanimidad de votos de los jueces para aprobar cualquier medida cautelar, a diferencia de un proceso judicial ordinario.
Luis Alberto Troncoso Lagos es el juez que votó en contra de aplicar arresto domiciliario a la guía espiritual, quien se encontraba en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial en un grave estado de salud, según anunció esta semana el Colegio Médico luego de una visita solicitada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Cabe recordar que la presidenta Michelle Bachelet, cuando aún era candidata presidencial, indicó que el caso Luchsinger-Mackay era un asesinato horrible pero que no invocaría la Ley Antiterrorista, y señaló que la ley que existe contra cualquier persona que comete un delito como ese, es lo suficientemente potente.
El Gobierno hoy ha dejado el tema en manos de la Justicia. La ministra Secretaria General, Paula Narváez, señaló que existe respeto en cuanto a la autonomía de los poderes del Estado, refiriéndose a las medidas del proceso judicial. Estos dichos se suman a lo mencionado por el ministro del Interior, Mario Fernández, quien afirmó la preocupación que tenía el Ejecutivo frente a la delicada situación de salud de Francisca Linconao.
A pesar de eso, desde las entidades de DD.HH, fue tomado como un dato relevante el que a la audiencia del jueves concurriera un representante del Ministerio del Interior y de la Intendencia de la Araucanía, el abogado Alexandro Álvarez, ya que se hizo parte del Recurso y no se opuso a la petición.
Branislav Marelic, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), fue observador de la instancia y asegura que “el Gobierno, a través de lo manifestado en el amparo, se abrió a la posibilidad de cambiar la medida de prisión preventiva”.
El Defensor Público Renato González, quien presentó el Recurso de Amparo en el Tribunal, dice que el caso ha causado un gran revuelo nacional y la aplicación de la Ley Antiterrorista es una discusión profunda para el juicio en particular, ya que “limita los derechos de las personas. (…) En esa diferenciación que existe entre el derecho del Estado de investigar y el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a tener garantías mínimas, es complejo establecer los límites. Pero cada día que limitamos nuestras garantías, más retrocedemos en la justicia”, afirma.
Jaime López, abogado defensor de la Machi, afirma que al ser la Fiscalía el titular de la Ley Antiterrorista, “los pone en una situación muy compleja, ya que aplicarla implica tener un tipo de visión política”. También dice que la Ley Antiterrorista tiene normas que no se justifican, como es el caso de la unanimidad que se exige en los votos.
Litigación Estructural para América del Sur (Leasur) es una de las organizaciones que apoyó a la Defensoría Penal Pública para presentar el Recurso de Amparo en el caso de Linconao. Sthefania Walser, defensora pública y Co-directora del departamento de Derechos Humanos de la ONG, dice que la Ley Antiterrorista es inconstitucional por el solo hecho de haber sido instaurada en dictadura. “Es una ley que suele aplicarse en causas indígenas y que criminaliza a la comunidad mapuche. Tiene que ser modificada porque viola el principio de legalidad y la presunción de inocencia”, afirma la abogada.
En ese mismo sentido, Branislav Marelic, indica que “la aplicación de esta Ley tiene una lógica de guerra fría y es preocupante en un Estado de derecho, sobre todo porque no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, específicamente la presunción de inocencia y las garantías básicas del debido proceso”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre la discriminación que existe hacia el pueblo mapuche en el empleo de la Ley. Respecto de eso, Marelic dice que “el llamado es que si se va a aplicar una legislación de excepción, sea con causales objetivas y no con razones discriminatorias”.
El peso de la dictadura
La Ley Antiterrorista fue instaurada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet cuando enfrentaban constantes protestas en contra del régimen. La Ley dobla las penas en casos de incendio, homicidio y secuestro, permite el uso de testigos protegidos y extiende los períodos de prisión preventiva.
Si bien fue modificada el año 1991 con la llegada de la democracia, y en 2010 realizaron aún más cambios en ella, hoy sigue siendo criticada por distintas entidades nacionales además de los constantes reproches por parte de organismos internacionales que defienden los derechos humanos de las ciudadanas y ciudadanos.
El caso de Francisca Linconao es uno más de los afectados por las medidas promulgadas en 1984. Luego de varios días en huelga de hambre como protesta para que se hiciera justicia en cuanto a la medida cautelar que le aplicaron y de que el Tribunal decidiera acoger el Recurso de Amparo para su libertad condicional, la Machi depuso su manifestación y se encontrará con arresto domiciliario mientras se resuelve el caso.
El debate por la prisión preventiva a la que fue sometida la autoridad mapuche, puso en el centro de la discusión un reclamo viejo: las críticas a la ley que desde su aplicación ha impactado de forma importante al pueblo originario. Según el defensor público Renato González ésta “limita los derechos de las personas”.
