Por Claudia Dupeirón
La Paz (PL) – La tensión entre Bolivia y Chile aumentó en el último mes tras la encarcelación en Iquique de dos militares y siete oficiales de la aduana boliviana, capturados en un operativo de lucha contra el contrabando.
El hecho se produjo el 19 de marzo cuando carabineros chilenos apresaron a los bolivianos y alegaron que los funcionarios cometían el robo de varios camiones en territorio del país austral.
Ante declaraciones de la presidenta chilena, Michelle Bachelet, sobre los supuestos actos delictivos por parte de los bolivianos, el presidente Evo Morales conminó a las autoridades de ese país a presentar las pruebas que sirvieron como argumento para acusar a sus compatriotas.
Pedimos que nos muestren los nueve camiones presuntamente robados por aduaneros y militares bolivianos. Queremos saber qué contenían, declaró Evo.
Las autoridades bolivianas afirmaron que los connacionales trabajaban en operaciones de lucha contra el contrabando en los límites entre ambas naciones y que fueron los carabineros quienes incursionaron en territorio andino-amazónico.
Sin embargo, el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, norte de Chile, dictó prisión preventiva contra los funcionarios en la cárcel de Alto Hospicio bajo causas como robo con intimidación, violencia, porte y tenencia de armas prohibidas.
Además, alegaron que los hechos tuvieron lugar a 400 metros bajo su jurisdicción.
La situación se tensó aún más cuando funcionarios chilenos obstaculizaron el trabajo de una reportera del canal Bolivia TV y el camarógrafo quienes intentaron ingresar a Chile para investigar la situación de los detenidos.
Luego de una retención de más de tres horas en las oficinas de migración en Iquique, las autoridades obligaron al camarógrafo Erick Condorena a regresar a Bolivia, mientras que la periodista Sandra Mariscal pudo entrar tras firmar un compromiso de permanencia como turista.
Pocos días después otros nueve periodistas, invitados por la línea aérea Latam, fueron hostigados, interrogados y obligados a rubricar un documento que data de 1975, donde se prohíbe propagar de palabra o por escrito doctrinas tendentes a destruir o alterar el orden.
En ese contexto, el ministro boliviano de Defensa, Reymi Ferreira, recordó que, en situaciones similares, el Gobierno había actuado bajo preceptos diplomáticos.
Rememoró la devolución a las autoridades chilenas de un periodista detenido por tomar fotografías en un puesto militar boliviano situado en la zona del Silala.
Como muestra de la posición de diplomacia de Bolivia, a inicios de abril el ministro de Gobierno, Carlos Romero, participó en la entrega a la policía chilena de dos vehículos robados en Iquique e internados a territorio boliviano.
La actividad transcurrió en la frontera de Tambo Quemado, límite de Bolivia con la nación vecina, donde Romero afirmó que estos países son pueblos hermanos y deben reforzar la colaboración en la lucha contra la delincuencia.
Proceso jurídico
Para defender a los nueve funcionarios, Bolivia conformó un equipo jurídico que presentó un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Iquique y una demanda en el tribunal Supremo de Justicia de Chile. Ambas peticiones fueron rechazadas.
Morales las calificó como una trasgresión de la diplomacia y el derecho internacional.
Para el jurista chileno Matías Cool, los funcionarios de la justicia chilena asumieron una actitud abusiva al imputar por esos delitos al capitán Alex Carvajal y al suboficial Carlos Calle, y a los aduaneros Diego Vásquez, Arsenio Choque, Bryan Quenallata, Heriberto Mamani, Juan José Torres, David Quenallata y Carlos Huachallaque.
Voces del mundo claman por Justicia
El caso suscita el interés de entidades internacionales y reconocidas figuras que también se suman a la solicitud de la nación andino-amazónica para lograr, a través de las vías diplomáticas y jurídicas, el regreso de los connacionales al país.
La Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, expresó su solidaridad y preocupación ante ese hecho, que dijo: “cobró relevancia y manejo mediático”.
Acciones como esas agudizan los diferendos históricos entre Bolivia y Chile y ponen en riesgo la relación armónica, equilibrada y la paz en la región, señaló Menchú.
Demandó, además, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atienda el caso con la urgencia que exigen los familiares de los funcionarios de la nación andino-amazónica.
Aseveró que “ese tipo de controversias deben ser abordadas por los Estados mediante el respeto, la reciprocidad y las vías civilizadas de diálogo, la negociación y los acuerdos diplomáticos”.
El secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), David Choquehuanca, dijo que, ante los ojos del mundo, Santiago castiga a los dos militares y nueve oficiales de la Aduana por luchar contra la delincuencia.
Asimismo, ratificó su solidaridad con los compatriotas y pidió a los familiares fortaleza para encarar el proceso judicial iniciado por la Corte Suprema de Justicia de Chile.
La Red de Defensa de la Humanidad condenó la aprehensión ilegal de los dos militares y siete funcionarios aduaneros por parte de carabineros chilenos.
Una nota oficial de dicha Red, apunta: “este secuestro, sospechosamente producido antes de la presentación de la réplica boliviana ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la demanda marítima, es leído como una provocación”.
También el Foro de Sao Paulo pidió a Chile liberar a los nueve bolivianos y advirtió que el encarcelamiento arbitrario e injusto sólo profundiza los conflictos limítrofes.
El Movimiento Patriótico chileno “Manuel Rodríguez” y otras organizaciones sociales de ese país, convocaron a movilizaciones en las ciudades de Arica, Iquique y Antofagasta, bajo la consigna “En Bolivia hoy faltan nueve”.
