En octubre de 2012, el coordinador general del Colectivo Bayano envió a sus contactos por correo electrónico, un artículo de análisis sobre el tema constitucional, en un intento dirigido a orientar a la opinión pública en medio de la proliferación de argumentos para cambiar la Constitución. Debido a que el gobierno actual ha retomado la postergada iniciativa de las administraciones anteriores, de reformar la carta magna en un plazo perentorio, volvemos a refrescar la memoria de los lectores con este examen reflexivo que induce al debate.
Por Cecilio E. Simon E.
Ex Embajador de Panamá en Suecia
Ex Decano de la Facultad de Administración Pública
El constitucionalista Carlos Bolívar Pedreschi decía: “La política, es un fenómeno de fuerza. ¿Quiénes la hacen? ¿Quiénes la tienen?” Las nuevas constituciones no las hacen los que tengan la razón, o las mejores intenciones, sino los que tengan la fuerza para imponerla y para mantenerla.
Durante el proceso de negociación de los Tratados Torrijos Carter, la oposición clamaba por la vuelta a la institucionalidad democrática que involucraba:
- El retorno de los militares a los cuarteles,
- Elección directa del presidente de la República,
- La instauración de la Asamblea Legislativa y
- La legalización de los partidos políticos.
El general Omar Torrijos, al anunciar la conclusión exitosa de las negociaciones con los Estados Unidos, aseguró a la oposición esas cuatro reivindicaciones.
El Acto Reformatorio de la Constitución de 1978 marco el inicio del proceso de vuelta a la civilidad, al transferir los poderes de la Guardia Nacional a la Presidencia de la República. Muerto el general Torrijos, los militares interrumpieron ese proceso y provocaron la renuncia del presidente en ejercicio para retomar el control absoluto del país, bajo la premisa de que «el poder es como una serpiente, si lo sueltas con descuido, se puede voltea para morderte.»
En concierto, los militares (la fuerza) y elementos de la oposición (la razón) promovieron reformas a la Constitución con la visión (de los militares) de ejercer el poder real desde la Presidencia de la República.
El Acto Reformatorio de la Constitución en 1983, que surge de esa concertación, otorga al Ejecutivo los amplios poderes que se ejercían desde los cuarteles, para la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el contralor general de la República, los procuradores de la Nación y la Administración y, un magistrado del Tribunal Electoral, todos ratificados por la Asamblea Legislativa.
La lucha por el poder entre las fracciones militares que se enfrentaron después de la muerte del general Torrijos los lleva, en 1983 a confrontar dos paradigmas para detentar el poder real. El primero un “militar – presidente”, que ejerza las funciones trasladadas de los cuarteles a la Presidencia de la República y el segundo un “presidente – civil”, bajo control castrense. Este último modelo se impuso. De allí, la sucesión de “presidentes civiles” controlados por las Fuerzas de Defensa entre 1984 y 1989.
La invasión de los Estados Unidos a Panamá, en 1989, precedida por la confrontación que dividió a la sociedad panameña entre dictadura y civilidad, rompe la tutela de los militares y, el blindaje político de la Constitución Autoritaria de 1983, se trasfiere al presidente de la República. Con la legitimidad del voto y al amparo de un sistema político enfermo, emerge el denominado “presidencialismo”. Ahora, los “presidentes civiles” electos, designan y controlan a los integrantes de los otros Órganos del Estado.
A pesar de las amplias facultades que entrega al Ejecutivo, la Constitución Política de la República y el limitado juego democrático de pesos y contrapesos que ejercen los otros poderes del Estado, es una constante la predilección del gobernante de turno, de practicar una suerte de “sastrería política” para zurcir el raído vestido constitucional, con los hilos del autoritarismo para remodelar a su medida, el blindaje político que cosieron para sí los militares.
El modelo impuesto hace cuarenta años con la fuerza de los militares y aceptado convenientemente y a pies juntillas por los civiles, que deambulan trashumantes por estrados, escaños, escritorios y palacios, colapsó. Ya no caben en el “vestier constitucional”, más prendas remendadas con los girones de un sistema político enfermo.
El deteriorado paisaje de la institucionalidad democrática, marca como derrotero la refundación de la República a través de un proceso constituyente, que sustituya con la fuerza de la razón el complejo entramado diseñado para concentrar el poder en pocas manos.
