BARU: la negación de la justicia conduce a la violencia
Por Cecilio E. Simon E.
Redacción de Bayano digital
Bayano digital fue informado que, al final de las violentas confrontaciones que se produjeron en el día de ayer, al parecer la sensatez prevaleció. En una reunión con la gobernadora de la Provincia de Chiriquí, con los productores presididos por Marvin Wilcox y en la que participó, entre otros, el sub comisionado Sisinio Núñez, se abrió una mesa de diálogo, se suspende el desalojo forzado y la destrucción de la producción.
Los productores se mantienen concentrados en el campamento Victoriano Lorenzo, atentos a los resultados del diálogo informó Marvín Wilcox.
Más de mil unidades policiales se movilizaron a Barú, comandados por el subcomisionado Sisinio Núñez, jefe de la 4ta. Zona Policial de David, para “proceder a una diligencia de desalojo en el sector de Malagueto, distrito de Barú, en la provincia de Chiriquí, ordenada por un Juez de Paz.”
La orden emitida por la “Juez de Paz” Corregimiento Rodolfo Aguilar Delgado Ursana Valdés, quien califica de “intrusos” a los productores sin tener competencia para ello, condujo a la violencia. En un comunicado de la Policía Nacional, difundido por los medios de comunicación, se reportó que dos de sus unidades resultaron heridas, en tanto que las redes sociales mostraron los impactos de bala de cuatro productores.
Bayano digital ha dado seguimiento y reportado la violencia sistemática, desatada contra los productores desde mediados del 2018, que incluye el incendio de casas y parcelas.
La violenta intervención del 21 de noviembre de 2018, de la Jueza Urzana Valdés, acompañada por macheteros civiles protegidos por unidades de la policía nacional, destrozò las plantaciones y la casa del productor Marvin Wilcox en la Finca Ceiba.
Es remarcable la violación del derecho del niño niña y adolecente, cuando un oficial de la policía ordenó: “Señores desalojen”, mientras las unidades bajo su mando mostraban amenazantes las armas que portaban a los niños que habitaban la casa destruida.
La violencia oficialista incluye el cerco de hambre tendido contra los productores. Soldados de SENAFRONT, por órdenes de la Jueza Valdés, les impide sacar su producción al mercado nacional.
Marvin Wilcox fue detenido en dos ocasiones y en la màs reciente se le impuso una multa de $500 dólares, en tanto que la periodista Ligia Arreaga, corresponsal de Bayano digital, también fue detenida en momentos en que realizaba entrevistas para preparar un reportaje sobre el cerco de hambre del que son víctimas los productores y sus familiares.
El violento desalojo ilegal ordenado por Valdés escaló a la destrucción masiva de las plantaciones en más de 350 hectáreas en Finca Palmito, con máquinas de BANAPIÑA supuestamente conducidas por extranjeros. Ante ello Julio Bermúdez Valdés advirtió este medio la tragedia de Veranillo, originada por el destrozo de las casas de los “precaristas” en San Miguelito.
Al finalizar el día de la violenta represión, los productores retomaron su campamento denominado Victoriano Lorenzo, en medio de las evidencia de proyectiles de y cartuchos de gases lacrimógenos.
La negación de la justicia conduce al violento desafío a las autoridades en defensa del derecho. Situaciones similares se presentaron durante décadas en Centroamérica y Colombia con lamentables saldos de miles muertos.
