Ambientalista insiste en moratoria minera en Panamá

La polémica Ley 9 de 1997 dio facultades de exploración y explotación cuprífera en Panamá a la compañía Petaquilla.

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Sergio Sánchez, durante una entrevista con Bayano digital.

Por David Carrasco

El ambientalista, investigador y docente universitario Sergio Sánchez exigió una moratoria minera en Panamá, debido a la vigencia de contratos que afectan el patrimonio ambiental y causan una astronómica lesión económica al patrimonio de la población panameña.

Sánchez declaró a Bayano digital que, debido a las contrataciones desfavorables aprobadas en anteriores administraciones, “a este país no le tocará ni un centavo cundo finalicen las explotaciones de minas que son rechazadas por organizaciones ecologistas”.

“Al Estado de Panamá no le va a tocar ni un centavo del recurso minero de la república porque el Código de Recursos Minerales fue adaptado a ley de Petaquilla, que le asegura a la empresa que no tiene que entregarle ni un dólar al Estado panameño”, acotó.

Reseñó que “bajo esa condición descrita, tendremos (la población) que pagar, incluso, el envío de material extraído. Regalamos los minerales que salen de Panamá sin supervisión oficial) y le pagamos a las compañías de capital extranjero para que se lo lleven”. Sostuvo que, si las empresas mineras encuentran piedras preciosas en las perforaciones, sólo pagarán cinco dólares al Estado panameño por el hallazgo.

En agosto de este año, Sánchez había planteado que las cláusulas Décimo Tercera del contrato de Petaquilla, S.A. Deducciones Fiscales; literal b del numeral 6; y los artículos 234 y 235 del Código de Recursos Minerales (copias al calco de las cláusulas citadas), retratan, le ponen cara a todo el contrato y ejemplifican como se entregan los recursos de todos los panameños a compañías y gobiernos extranjeros.

MEF se resiste a entregar datos

Sin embargo, Sánchez aclaró que el Ministerio de economía y Finanzas (MEF)se negó a revelar detalles del intríngulis del bono fiscal minero, sobre la base de artículos 20 y 722 del Código Fiscal, y subraya que “la información solicitada no puede ser suministrada en vista de carácter confidencial de la información que maneja la Dirección General de ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas”.

“En todos los casos, esta información (sobre la minería) reviste carácter confidencial, secreto, y de uso privativo de la Dirección General de Ingresos”, detalla una nota firmada por Eloy Fisher, secretario general del MEF, en su respuesta a preguntas de Sánchez, quien ha advertido las graves consecuencias para la población.

Resaltó que, debido a los “contratos entreguistas firmados”, las empresas mineras se van a llevar de Panamá unos 36.000 millones de dólares en 34 años de operaciones, pero los panameños tendrán que pagarle 20.000 millones de dólares para que exporten lo que extraen de este país, lo que es algo inaceptable.

El activista e investigador manifestó que las empresas mineras actúan con suprema ventaja y recargarán esa operación sobre las espaldas del pueblo panameño, que pagará, además, las graves consecuencias económicas y ambientales en su propio suelo. Debido a ello, instó a las organizaciones sociales a rechazar la minería.

Sánchez planteó que la minería a cielo abierto es una industria depredadora que provoca severos daños a la superficie de la tierra, contamina el aire y los mantos acuíferos, amenaza a la flora y fauna silvestre, y genera conflictos entre las compañías privadas y las comunidades rurales e indígenas asentadas.

Ejemplo de minería a cielo abierto.

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