Alto al despojo territorial. Editorial del martes 18 de junio

0
105

Las reiteradas protestas de pequeños productores y antiguos residentes en comunidades convertidas en blanco del despojo de tierras ancestrales, revelan la existencia de un brutal modelo de usurpación intensificado en la última década en Panamá, donde empresas y grupos económicos utilizan la fragilidad legal para expulsar a través de subterfugios a los legítimos propietarios.

Con frecuencia, se olvida que la tierra es el valor primario de las familias trabajadoras cuya labor productiva valoriza el suelo. Ese principio universal se fundamenta en el derecho agrario y se remonta a las luchas sociales de las poblaciones indígenas que resistieron la explotación y el colonialismo europeo. El territorio es esencial para que toda sociedad se desarrolle y pueda prosperar.

El modelo de acaparamiento y extractivismo en Panamá ha sido promovido por las cúpulas del capital financiero hegemónico, y se reflejan en la usurpación de islas, el cambio de zonificación en áreas pobladas, en el proceso de gentrificación en los sectores urbanos valorizados con el “boom” inmobiliario y en el diseño de planes y proyectos logísticos concentrados en pocas manos.

Sin embargo, esa concepción de despojo acelerado tropieza con la gran resistencia de comunidades organizadas contra el ultraje. No ha sido fácil la aplicación en Panamá del modelo depredador, debido a la acumulación histórica. Así lo revea la actitud contestataria de productores agropecuarios en el distrito del Barú, en la provincia de Chiriquí, y en diversas áreas en la provincia de Veraguas.

Es necesario frenar la política de usurpación con sello oficial en un país con una gran deuda en materia de equidad. No es posible callar por más tiempo el uso de la fuerza policial, la violación de preceptos de legitimidad y fallos judiciales que desconocen los principios que amparan el derecho posesorio de millares de pobres cuyas hogares y tierras son arrebatados por la fuerza.

El gobierno que asumirá las riendas del Estado el 1 de julio debe estar preparado para encarar ese desafío y responder en forma adecuada a los graves problemas sociales. Definir con rapidez una estrategia congruente con las metas de desarrollo se ha convertido en prioridad en empobrecidas comunidades agrarias e indígenas que son blanco de las políticas de expolio multinacional.

La falta de soluciones del Estado en ese ámbito socavaría la confianza en el gobierno electo que generó alta expectación en el electorado, debido a su promesa de poner “fin al relajo”. Ello sugiere un relanzamiento del derecho social para el usufructo de la tierra por encima de la engañosa “seguridad jurídica” que esgrime la clase económica usurpadora que mueve los hilos desde el poder y conspira.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here