Acto terrorista activa detonador en Barú
(Redacción de Bayano digital)
Un acto terrorista fue perpetrado la noche del sábado 20 de julio contra humildes productores agropecuarios en el distrito de Barú, en un sector limítrofe con Costa Rica, en medio de un conflicto territorial con la empresa Banapiña, que ha sido beneficiada con un contrato leonino por el gobierno del ex presidente Juan Carlos Varela.
Los productores Inés Guillén y Marvin Wilcox informaron a Bayano digital que elementos amparados en la oscuridad de la noche destruyeron sus semilleros, con el evidente propósito de tratar de derrotarlos moralmente, ya que hasta ahora no han podido vencerlos en el contexto de la lucha social a favor de la defensa de las tierras sobre las cuales tienen derecho posesorio.
Guillén manifestó que las mujeres de Puerto Armuelles no van a cesar la lucha en defensa de la tierra y de sus respectivas familias, amenazadas por criminales a sueldo y sicarios. Indicó que elementos vinculados a los peores intereses en Panamá intentan hacer morir de hambre a los productores y les niegan acceso a los mercados para arrebatarles las tierras que con gran esfuerzo han cultivado y son la única herencia material de sus hijos.
BANAPIÑA, al amparo del Contrato Ley Varela, restablece la quinta frontera en Barú
“No vamos a retroceder ni una pulgada en esta lucha y exigimos al presidente Lauretino Cortizo que detenga esas arbitrariedades”, indicó Wilcox, kíder de más de 400 productores, quien desde hace una semana es blanco de hostigamiento por partes de soldados del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), presumiblemente sobornados por directivos de la empresa Banapiña, subsidiaria de la multinacional Del Monte, que ostenta un historial de atropellos.
Los incidentes denunciados por ambos dirigentes ocurrieron horas después de que la Alianza Estratégica Nacional, una coalición de organizaciones populares, se reunió en Barú y manifestó el pleno e irrestricto apoyo a los productores agropecuarios perseguidos, entre ellos Wilcox, quien en mayo fue injustamente detenido por agentes policiales y recibió una multa de 500 dólares impuesta en forma ilegal y autoritaria por la jueza de Paz Ulzana Valdés.
Víctor Jordan, coordinador de la Alianza Estratégica Nacional, condenó los atentados y sostuvo que ello revela la complicidad entre los representantes de un modelo antinacional y los negocios oscuros que pretenden despojar a los panameños del derecho a la tierra. En ese sentido, se pronunció el jurista Santander Tistán Donoso, quien advirtió la inaceptable y flagrante violación a normas elementales del derecho por las autoridades de turno, que al parecen están sembrado semillas de odio violencia.
Durante el gobierno de Juan Carlos Varela, las máquinas retroexcavadoras operadas por extranjeros contratados por la transnacional, arrasaron más de 200 hectáreas en finca Palmito. De las tierras asoladas, más de 115 hectáreas correspondían a plantaciones de plátano en condiciones para ser recogidas. Otras tierras dañadas mantenían cultivos de maíz, guandú, papaya, yuca, teca, palma aceitera, jengibre, cilantro y pimentones.
Los productores agropecuarios ocupan esas tierras desde 1998, cuando las multinacionales explotadoras de banano decidieron abandonar el negocio en la vertiente del Pacífico. Las tierras fueron ocupadas por productores que las convirtieron en un envidiable modelo productivo. Ahora, amenazados y perseguidos, los productores se organizan para librar una batalla decisiva, para ejercer sus derechos posesorios por la razón o por la fuerza.
Sin embargo, Banapiña aduce gozar de apoyo oficial y pretende expulsar de las tierras en disputa a productores a los que califica de “invasores”. La amenaza de desalojo de fincas y viviendas, se apoya falsamente en el Contrato 36-17, aprobado por la Ley 28 de 2017, entre el Estado panameño y la multinacional Del Monte. Una demanda por usurpación interpuesta en los tribunales de Justicia parece estar engavetada, mientras se encona la lucha de resistencia patriótica contra los grupos expoliadores.
