Por Julio Bermúdez Valdés
Redacción de Bayano digital
Este viernes se ha conmemorado el 51 aniversario del golpe militar de octubre de 1968. Hito progresista para unos, el inicio de una dictadura para otros, pero sin dudas, un antes y un después, en la historia nacional.
Encabezado por el entonces coronel Omar Torrijos y el mayor Boris Martínez, la acción tomó forma en el derrocamiento del presidente constitucional Arnulfo Arias, pero expresaba en realidad una crisis donde la clase dirigente tradicional había perdido toda autoridad moral e institucional.
La corrupción, por un lado, la pobreza galopante y un entorno regional donde las masas habían empezado a tomar la iniciativa política detonaron la crisis, y el aparato militar apareció como árbitro del conflicto y garante del sostenimiento de las instituciones.
En la agenda nacional muchos temas habían sido postergados, entre ellos el tema de la soberanía y la integridad territorial; un año atrás habían sido rechazado los tratados Robles-Johnson; una amnistía política había dejado en libertad a dirigentes populares (Luis Navas entre ellos, que era entonces secretario general de la Federación de Estudiantes de Panamá) como una forma de bajar la presión política; eran continuas las movilizaciones del pueblo por la solución de demandas sociales en la educación, la salud y la seguridad pública.
En este último aspecto la situación llegó a ser tan crítica, que el gobierno de turno, presidido por el abogado Marco Aurelio Robles, ordenó disparar a matar contra los delincuentes, ganándose el célebre apodo de “Marco rifle”.
El presupuesto nacional apenas alcanzaba ese año los 260 millones, y un desencanto creciente se había aperado de la mayoría ciudadana.
Investigaciones recientes revelan que del golpe se hablaba desde marzo de 1968. La crisis preocupaba a fuerzas importantes, y se expresaba con fuerza en la Asamblea Nacional, que a principios de ese año había votado por la destitución de Robles y la designación de Max Delvalle como presidente. Pero los militares apoyaron a Robles y el país contó entonces, simultáneamente, con dos presidentes.
Considerando otras acciones similares en América Latina (ocho días antes militares peruanos habían derrocado a Belaunde Terry), la irrupción castrense parecía ser considerada por las fuerzas dominantes en la región como la única forma de detener el descontento que ascendía entre las mayorías ciudadanas.
En Panamá, las movilizaciones populares eran continuas. Los años sesenta había visto a un pueblo movilizados por temas sociales en acciones como, por ejemplo, la gran huelga bananera de los años, sesenta, en la “Marcha del hambre y la desesperación” que caminó desde Colón hasta Ciudad de Panamá, en debates y confrontaciones continuas en la Universidad de Panamá y la movilización de la Federación de Estudiantes de Panamá.
Enero de 1964 había sido el colofón de esas acciones, que en lo adelante se sucedieron con mayor frecuencia.
La clase dirigente, que había tenido en Ernesto de la Guardia y Nino Chiari sus más connotados líderes se había quedado sin oferta, y aun cuando en las elecciones de 1968 presentaba como candidato oficialista al ingeniero David Samudio, no dejaba de mirar en el doctor Arnulfo Arias una salida prudente, realista e inevitable.
El problema siempre fue ¿hasta dónde el propio doctor Arias podía ser considerado prudente? Consciente de la dimensión de su liderazgo, Arias no dudó en arribar a acuerdos con sus adversarios para incumplirlos más tarde.
En esa conducta se inscribieron numerosas violaciones, entre ellas la de diputados ganadores que fueron desconocidos por el nuevo mandatario. El peor lo fue, el desconocimiento de un acuerdo hecho con el entonces jefe de la Guardia Nacional, Bolivar «Lilo» Vallarino, según el cual respetaría el escalafón y las emergencias naturales de la institución castrense.
Y aquí me permito que hacer un subrayado. Es cierto que tal violación de Arias detonó el golpe, porque como ha recordado el general retirado Rubén Darío Paredes (capitán por esos años), el presidente comenzó a desmembrar la Institución en sus mandos superiores y hasta intermedios y trajo agentes extraños para que la dirigieran.
Pero la violación de Arnufo Arias solo fue el detonante de una acción en la que se pensaba hacía algún tiempo, precisamente por la crisis que se precipitaba y ante la cual, la clase dirigente era incapaz de actuar con éxito. Luego entonces, el golpe fue una medida contrainsurgente, desinada a detener el colapso político que se avecinado, y cuyo posterior éxito se debe fundamentalmente a la agenda social y política que asumió y dirigió el general Omar Torrijos.
El golpe mutó en Proceso Revolucionario porque Torrijos asumió la agenda histórica que por 65 años (en ese momento) había movilizado la conciencia nacional: la lucha por la soberanía y la integridad territorial; y porque junto a esa decisión asumió también una agenda social que se tradujo en admitir reclamos justos de obreros, campesinos y sectores de capas medias.
¿En la transición ocurrieron hechos lamentables? Si, como en toda realidad de esta naturaleza, pero fueron superados por un hecho: a partir de Torrijos los militares fueron interlocutores con un sector importante de la sociedad; demócratas reconocidos no admitieron como legitimo un gobierno surgido de una acción golpista, pero la correlación terminó por imponerse, sobre todo por la forma como se fueron expresando los compromisos asumidos por Torrijos.
Los tratados Torrijos-Carter, que le devolvieron al país la soberanía, la integridad territorial y el perfeccionamiento de su independencia fueron la expresión culminante de esos hechos, en el aspecto nacional.
Innegable y consumado, los beneficios que esos convenios han traído al país son, en los hechos admitidos hasta por los adversarios de Torrijos, que una manera u otra encarnó aspiraciones nacionales que estuvieron presentes en sectores de la clase dirigente por décadas, pero sin materializarse. (JBV)
