PODA DEL SECTOR PÚBLICO

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Por Antonio Saldaña
Abogado y analista político

El Presupuesto General del Estado de 23.3 mil millones de balboas para la vigencia fiscal 2020-2021, presentado a la Asamblea Nacional por el «buen gobierno», no refleja la situación crítica que vive el país como consecuencia de la pandemia. La contención del gasto no forma parte del ejercicio presupuestario de la administración Cortizo Cohen.

En los últimos cinco años la planilla estatal ha crecido en 30 mil nuevos burócratas -pero los servicios públicos denotan un marcado deterioro- al pasar de 137 mil servidores en agosto de 2014 a 207 mil del mismo mes del año 2019, esto representa un aumento de 44% y el gasto de la planilla se incrementó en 5%, por encima del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que se estimó en 4.5%.

Por otro lado, existe una marcada hipertrofia en la asignación de recursos, mientras la planilla acapara cerca del 45% del Presupuesto de la República, las inversiones solo alcanzan el 29% o 7 mil millones de dólares.

En comparación con la región, la desviación presupuestaria es alarmante, Panamá tiene el mayor número de servidores públicos 15% respecto a Centroamérica 9%, inclusive es mayor que Latinoamérica y el Caribe que es de 11%.

Otro ejemplo, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) al principio de la presente administración despidió alrededor de 800 servidores públicos, sin embargo, el monto de los sueldos aumentó 4%.

Pero la mayor relajación está en los niveles salariales de los altos burócratas del Estado (Directores Nacionales, Asesores, Viceministros y Ministros, etc.); supuestamente, el salario mínimo en el gobierno es de 600 balboas, pero los altos ejecutivos gubernamentales perciben salarios entre 35% y 40% veces mayor que el mínimo.

No obstante, sí examinamos una de las instituciones que no son objeto de investigación mediática, ni transparencia institucional, porque constituyen una especie de «vacas sagradas»; me refiero a los estamentos de la Fuerza Pública, tenemos por ejemplo, a la Policía Nacional integrada por  18426 efectivos policiales y 2000 componentes civiles; de los cuales 130 son comisionados, 146 subcomisionados, 228 Mayores, 598 capitanes, 2206 tenientes, 2764 subtenientes, 1921 sargentos primero, 1509 sargentos segundo, 2939 cabos segundo, 3242 cabos primero y solo 2743 agentes.   (Contraloría General de la República). Como diría el chombo, «muchos caciques para tan pocos indios».

Esta curva exponencial de oficiales y suboficiales de los estamentos de seguridad en general, y de «proteger y servir» en particular, merece un referente histórico pertinente: El Estado Mayor de las extintas FF.DD, con una tropa de 40 mil unidades, estaba constituido por apenas doce (12) coroneles y tenientes coroneles (Hoy comisionados y subcomisionados y los expertos en agencias de policía indican que para el «pie de fuerza» actual de la Policía Nacional -basta y sobra- 50 comisionados y subcomisionados.

Sí, ya la abultada cantidad de personal indica un grave problema -muchas de las cuales fueron «plazas artificialmente» creadas- la otra dificultad del Estado (ed éste y los futuros gobiernos), son los altísimos niveles salariales de los comandantes de la Policía Nacional como de los otros componentes de la Fuerza Pública (Comisionados diez (10) mil dólares y subcomisionados siete (7) mil balboas), adicionalmente, a los 30 años de servicios se jubilan con el último salario, hasta que cumplan la edad de jubilación y pasen al sistema de IVM de la CSS. No hay «caja» que resista semejante erogación.

Además, se dice en la «vereda tropical» que el director de «proteger y servir» se apresta a ascender -este año de crisis- al rango de comisionados a 81 oficiales y realizar otros cinco (5) mil nuevos cambios de rango con su respectivo aumento salarial. Como sí estuviéramos en tiempos normales y el presupuesto fuera infinito.

Por el contrario, pienso que es el momento de la contención del gasto, el cual se debe reflejar, entre otros gastos, primero en la eliminación de semejante distorsiones. Por supuesto, no en el despido masivo de servidores públicos de salario mínimo, sino con la rebaja de los altos ingresos de Directores nacionales, Asesores, Consejeros, «Influencer», Viceministros y Ministros, Vicepresidente y Presidente de la República. Además de la eliminación de los gastos de representación y de transporte a todos los niveles.

En el caso particular de los estamentos de seguridad se debe legislar para establecer un tope salarial y del número de subcomisoonados y comisionados en todos los servicios de la Fuerza Pública, con fundamento en el perfil del cargo, profesionalismo en el desempeño y en razón del «pie de fuerza». ¡Así de sencilla es la cosa!

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