Pobres políticas públicas amarran al sector rural
- El sector agropecuario contribuye con el tres por ciento al Producto Interno Bruto (PIB), pero emplea al 17 por ciento de la mano de obra del país.
- En Panamá, hay seis cadenas de supermercados que manejan suministros, fertilizantes y agroquímicos, y son monopolios que influyen en los precios al consumidor.
Por David Carrasco
Las fuerzas productivas de Panamá resienten la pobre política del Estado dirigida un sector rural deprimido, señaló a Bayano digital José Bernardo González, doctor en economía agrícola y productor, luego de realizar un examen sobre la situación de los agricultores y ganaderos en la región de Azuero y en varias provincias.
González subrayó que el diseño de políticas estatales enfocadas en rubros, “no ha sido muy exitoso”, si se compara con otros períodos en el que se apelaba objetivos y tareas nacionales. “Hoy, cada vez más personas no son agricultores, por esa misma razón”, acotó.
Al respecto, recomendó a las autoridades ver en forma integral el tema productivo, con inclusión de las cooperativas y asentamientos campesinos y otras formas de asociación, para generar resultados diferentes que ayuden a reactivar la producción, aumentar los niveles de exportación y generar desarrollo en el campo, donde aún persisten relaciones semi feudales, pese a algunos avances.
“Eso tiene que ver con el conocimiento de cómo es la gente en el área rural, sin soslayar las relaciones sociopolíticas en el mundo. Ello puede resumirse en el enfoque de un desarrollo rural integral, adoptado como política de Estado por el general Omar Torrijos en la década de 1970”, enfatizó.
González advirtió que los jóvenes en el sector rural manejan las redes sociales y dispositivos móviles, como sus pares en áreas urbanas. Adujo que ello debería ser tomado en cuenta en el diseño de políticas agropecuarias que abarquen el uso de tecnologías eficientes y privilegien el territorio para cerrar la brecha regional. Aclaró que hay cambios en las cadenas agroalimentarias que sugieren una revisión del conservador enfoque agrario.
Reconoció que hay una discusión pendiente, sobre la seguridad de los ingresos y la economía familiar en el sector rural, y la renta social, lo que debería concitar el interés de técnicos, productores, autoridades locales, líderes políticos y planificadores. Añadió que ese debate cabe en los asuntos de la descentralización promovida por el gobierno, para agilizar los sistemas productivos y municipales, como ocurrió en Brasil, Guatemala, Chile y Nicaragua.
González manifestó que no es suficiente poseer escuelas de bachillerato agropecuario, ante la necesidad de que el gobierno se vuelque hacia el desarrollo del conocimiento, en vez de “botar la plata” en centros con poco futuro. Estimó que la enseñanza debería servir para adiestrar a los alumnos en el manejo hídrico y el uso de arietes para la extracción de agua y el riego bien aplicado en fincas o en zonas de laderas con terrenos pobres.
