- Representantes de organizaciones sociales, juristas, analistas políticos y líderes comunitarios han manifestado su rechazo a los escándalos causados la intervención de otros órganos del Estado en la Justicia, las amenazas a fiscales y el clima de impunidad.
- El cuestionamiento directo del presidente Juan Carlos Varela a magistrados, a quienes seleccionó y de quienes ahora reniega, debido a fallos absolutorios en casos de alto perfil, han sido el detonante de protestas y llamados a enderezar y recuperar al Estado.
Por David Carrasco
Numerosas voces se han sumado al clamor nacional a favor de una Justicia efectiva para recuperar los principios constitucionales y desmontar las redes del poder económico que han provocado el resquebrajamiento del sistema y el choque de poderosos intereses que sembrado la semilla de ingobernabilidad.
La “Caja de Pandora” fue abierta por la procuradora general, Kenia Porcell, cuando denunció que los fiscales que investigan casos de alto perfil reciben presiones para no concluir sus investigaciones sobre corrupción. Con ello, generó una fuerte polémica en el país, sacudido por sobornos millonarios pagados en Panamá por la constructora brasileña Odebrecht.
Porcell lanzó un serio reto al gobierno, pero sin revelar los nombres de implicados en las presuntas amenazas contra fiscales. Aclaró que su denuncia abarca casos relativos al “blanqueo de capitales” y se corre el riesgo de que los mismos queden impunes.
Saúl Méndez, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), llamó al movimiento popular a protestar en las calles contra la corrupción y exigir que el dinero proveniente del saqueo realizado por representantes del capital financiero retorne a las arcas nacionales. El sindicalista apuesta por una Constituyente originaria para salir de la crisis.
Al respecto, el abogado Mario Velásquez Chizmar dijo que “no haber dado nombres, es muestra de que las intenciones (en la Procuraduría) no son sanas. Adujo que la procuradora “quiere refugiarse en la opinión pública”, e instó al Ministerio Público a “empinarse” y “confrontar ese agujero negro”.
El presidente Juan Carlos Varela no tardó en reaccionar y aseguró que quienes intentan obstruir la justicia y “tumbar los casos antes que lleguen a una audiencia”, no representan los mejores intereses de la nación. Luego, expresó decepción por escoger a magistrados de la Corte Suprema envueltos en irregularidades.
Por su parte, antropóloga y pre candidata presidencial, Ana Elena Porras, afirmó que el fallo Finmecanica de la Corte Suprema de Justicia, sumado a declaraciones de la procuradora general “preconizan una gigantesca y desmoralizadora impunidad, amparada en violaciones, malabares y tecnicismos legales que conducirán a la prescripción de los casos emblemáticos”.
La procuradora general había revelado el mes pasado que la constructora brasileña Odebrecht acordó pagar 220 millones de dólares en multas por los sobornos realizados en el país.
Odebrecht tiene plazo hasta diciembre para presentar los nombres de los implicados en la trama de corrupción organizada en Panamá, y que tuvo mayor notoriedad en el gobierno del ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014).
El de Martinelli, es uno de los casos que deberá llevar adelante la justicia panameña, después de que un juez estadounidense Edwin Torres lo declaró “extraditable”. El ex mandatario, de 65 años, había sido arrestado el 12 de junio en Miami, a solicitud del gobierno panameño. El ex presidente debe enfrentar en Panamá 12 cargos penales por corrupción y fraude.
Sin embargo, el abogado constitucionalista y catedrático universitario Miguel Bernal calificó de “alarmantes” las declaraciones de Porcell y sostuvo que el sistema panameño carece de instrumentos jurídicos para realizar investigaciones exhaustivas y detener a los intimidadores.
Además, Bernal indicó que el Ministerio Público “no está preparado” para hacer frente al caso de Martinelli. El jurista denunció que “quien realmente manda en el Ministerio Público, por encima de la procuradora, es el comisionado policial Daniel Arroyo”, lo que tendría otras serias implicaciones jurídicas.
El presidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, Ramón Ricardo Arias, comentó que las palabras de la procuradora causan alama e instó a respaldar al Ministerio Público. “Si ella conoce de poderes económicos, políticos y mediáticos que tratan de entorpecer su trabajo, que los señale”, acotó.
El socialdemócrata Partido Revolucionario Democrático (PRD) exigió al gobierno que respalde y refuerce la labor del Ministerio Público y aclaró que, hasta ahora, el Ejecutivo “ha hecho caso omiso” en el caso de los sobornos pagados en Panamá por la constructora brasileña Odebrecht.
“Tanto el Ministerio Público como el Órgano Ejecutivo son responsables de no haber ampliado las capacidades de las instituciones encargadas de lleva adelante las investigaciones de casos”, puntualizó el comunicado del PRD.
La denuncia coincidió con la detención del ex candidato presidencial José Domingo Arias, del opositor partido Cambio Democrático, de Martinelli, por sus vínculos con el caso Odebrecht, lo que no ha sido demostrado por la parte acusadora.
En julio, en una entrevista con el diario español “El País”, el ex abogado de la empresa brasileña Rodrigo Tacla Durán, uno de los responsables del llamado “departamento de sobornos” de Odebrecht, reveló que la compañía había financiado la campaña de Arias y la de Varela, rivales en los comicios.
“La firma corrió con los gastos de los principales candidatos de las elecciones generales panameñas de 2014: el oficialista José Domingo Arias y su adversario, el actual presidente, Juan Carlos Varela. Apostó por los dos”, sostuvo el letrado.
Varela rechazó las acusaciones en su contra y evitó pronunciarse sobre el proceso judicial del caso Odebrecht en el país. “No puedo estar opinando sobre las investigaciones judiciales y lo que corresponde es confiar en las autoridades”, aseveró.
El 4 de septiembre, la Fiscalía Especial Anticorrupción ordenó 15 diligencias de conducción, allanamientos, inspecciones e indagatorias para la identificación y ubicación de personas y bienes vinculados al caso de sobornos de Odebrecht, en lo que parece una interminable saga de corrupción e intrigas.
