Tras varias consideraciones de lo que calificó de ‘concesión leonina e ilegítima’, el medio afirmó que ‘la respuesta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) llega en forma tardía y genera dudas sobre el futuro de otros planes de extracción mineral’.
Bayano adelantó que ‘no puede ser que otra compañía asuma, en condiciones similares, ese negocio, e imponga allí su propio enclave y genere nuevas relaciones traumáticas’, al tiempo que denunció intereses foráneos los cuales apuestan a sacar beneficios, aún después del fallo ‘cuyos alcances requieren explicación’.
Ante la sorpresa por la decisión de la CSJ, la primera reacción del gobierno fue respetarla, aunque al interpretar el trasfondo jurídico, el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) señaló en un comunicado que lo inconstitucional es la ley y no el contrato.
Por tanto, el Mici ‘considera que el contrato de concesión minera firmado entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla S.A., (actual Minera Panamá) el 16 de febrero de 1996, y su prórroga, se mantiene vigente en todas sus partes’, porque el órgano ‘no se pronuncia sobre dicho contrato de concesión’.
La empresa señalada también asumió la ‘lectura oficial’ de la sentencia y en una nota afirmó que ‘el fallo de la Corte Suprema solamente afecta la promulgación de la Ley 9 y no afecta el contrato de concesión minera en sí, el cual permanece vigente y por lo tanto permite la continuidad del desarrollo del proyecto Cobre Panamá’.
Ese planteamiento no lo comparte la abogada Susan Serracín, quien presentó la demanda en representación de la organización no gubernamental Centro de Incidencia Ambiental, en tanto la base jurídica del contrato de concesión es la Ley 9, por lo tanto, el primero deja de existir jurídicamente.
En su parte resolutiva, el pleno de la CSJ ‘declara que es inconstitucional la Ley 9 de febrero de 1997, por la cual se aprueba el contrato celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla S.A.’, según el edicto 1074 publicado por la institución el lunes pasado.
En 1996, bajo la presidencia de Ernesto Pérez Balladares, el Estado confirió a Minera Petaquilla 13 mil hectáreas por 20 años, para explotar yacimientos minerales de cobre y oro en las provincias de Coclé (centro) y Colón (norte), concesión cedida posteriormente a Minera Panamá, subsidiaria de la transnacional canadiense First Quantum Minerals Ltd.
La mina de cobre en construcción más grande de la región, con una inversión de seis mil 300 millones de dólares, emplea a más de 12 mil trabajadores y el valor de sus exportaciones se estiman que alcanzarán hasta dos mil millones de dólares anuales, a plena capacidad.
