Docentes universitarios defienden enseñanza del idioma Español en Panamá

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Profesor Rafael Ruiloba, haciendo una férrea defensa de la enseñanza del idioma Español. (Foto: Josué Arosemena/Panamá América).

Docentes universitarios defienden enseñanza del idioma Español en Panamá

  • Los intentos de desconocer la obligatoriedad del idioma Español en Panamá ha generado una fuerte respuesta de docentes universitarios, quienes encuentran en la Constitución de la República la principal base de apoyo para sustentar sus reclamos a favor de la Cultura.

  • En ese sentido, Bayano digital incluye en esta edición el texto de un artículo suscrito por Rafael Ruiloba, escritor y docente en la Escuela de Español en la Universidad de Panamá, con el claro objetivo de orientar el debate planteado por intelectuales y personal en la esfera educativa.

Como es fama, el rector de la Universidad de Panamá, el doctor en física Eduardo Flores Castro, interpuso una serie de demandas de inconstitucionalidad contra varias leyes culturales relacionadas con la educación superior, entre ellas los artículos 1, 2, 3 de la ley 25 del 27 de junio del año 2000, que establece como obligatorio, la enseñanza del idioma Español en la educación superior universitaria pública y privada, se faculta a los Consejos Académicos de las universidades estatales a garantizar la inclusión del Idioma Español en todos los planes y programas de estudios de sus carreras, se faculta además, a la universidad de Panamá para que reglamente la enseñanza del Español en todos los planes y programas de estudios de las universidades particulares.

Los demandantes, en el punto IV.2 explican a la Corte la disposición constitucional infringida por la ley 25 del 27 de junio del 2000, aduciendo como fundamento que el artículo 103 de la Constitución le confiere a la Universidad de Panamá “la facultad para organizar sus estudios en la forma en que lo establezcan sus correspondientes órganos de gobierno”. Este es sin duda un error garrafal, ya que Asesoría Jurídica de la Universidad inventa su propia Constitución, pues el texto original de la carta magna al caracterizar la autonomía dice: “tiene facultad de organizar sus estudios, y designar y separar a su personal en la forma en que lo determine la ley”. Por lo cual la demanda redactada por el asesor legal Vasco Torres de León, y otros, cita un texto constitucional que no existe. Su explicación confunde la ley universitaria con el contenido del artículo 103 de la Constitución. Sólo por esta tergiversación este grimorio jurídico puede ser desestimado por la Corte Suprema.

El artículo 7 de la Constitución Nacional señala