Panamá y la minería Pro Mundi Beneficio

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Devastación en zona minera de Panamá.

Por Sergio Sánchez Silvera
Periodista
sserfoto@gmail.com

Si como lo prometió el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en el nuevo contrato con Minera Panamá, se respetaría la Constitución y las leyes existentes, entonces hay que estar claros sobre el tema y no esperar ningún buen resultado de futuras negociaciones con directivos de esa empresa envuelta en escándalos.

Como un panameño más, pretendo que el presidente responda todas las preguntas que surgen al ver la ominosa relación con Minera Panamá. Siendo estas numerosísimas, debo reducirlas a unas cuantas, por lo cual he seleccionado las que, a mi juicio, son impostergables para ser resueltas.

Un código Pro Mundi Beneficio

El Código de Recursos Minerales tiene un único artículo sobre los objetivos de la minería en Panamá. Textualmente, dice lo siguiente:

“ARTÍCULO l. El presente código se denominará Código de Recursos Minerales y tendrá como objeto estimular y reglamentar la exploración y extracción de minerales, primordialmente a través de la iniciativa e inversión privadas, en todo el territorio de la República de Panamá , y a la vez, promover el desarrollo vigoroso de la investigación, trasporte y beneficio necesarios y convenientes para asegurar la disponibilidad de estos minerales en una escala nacional e internacional”.

Lo importante, en esos objetivos, no se encuentra descrito. En ningún lugar, menciona que es interés del Estado recibir algún beneficio de esa explotación. En ese sentido, el código está en concordancia con el lema del escudo nacional: ”Para Beneficio del Mundo”, no del nuestro.

Es necesario resaltar que el actual código ha sufrido, desde su creación, 27 modificaciones, y que ninguna de ellas se hizo para otra cosa que no fuese el beneficiar a las mineras. Surge aquí la pregunta clave: ¿Estará el gobierno actual en disposición de modificar ese artículo, de forma que deje claro que el primer beneficiario de los recursos naturales que vayan a ser explotados tiene que ser el Estado panameño?

En el actual código se habla de concesión de explotación, un concepto superado en diversos países de Sudamérica, donde la modalidad de concesión ha sido sustituida por contrato de extracción, concepto que deja más claro que el recurso minero es propiedad inalienable del Estado contratante. Esta es la pregunta que surge en forma inmediata: ¿Estará dispuesto el gobierno a evolucionar hacia una posición más nacionalista?

En el día fijado como último plazo para firmar un nuevo contrato y el primer día de las sesiones legislativas de este año, el presidente de la Republica formuló declaraciones respecto a la intervención del gobierno en la minera. Más que aclarar el panorama, esas declaraciones oscurecen el escenario. Si fue una intervención judicial, no ha sido publicada aún el acta de ese hecho.

¿Quién es el administrador judicial y cuál es el alcance de sus atribuciones? ¿Acaso son los canadienses quienes siguen mandando? ¿Bajo qué ordenamiento jurídico se radica esta intervención? ¿Quién pagará los salarios de los trabajadores en la mina y las prestaciones laborales? Son apenas algunas de las primeras preguntas que me hago.

Si es el Estado quien ha intervenido, entonces, como es lógico pensar, podríamos tener hacia el público un flujo de información oficial que hasta este momento ha sido secreto y que la empresa minera resguarda celosamente. ¿Será posible que se ponga en conocimiento de la ciudadanía panameña datos valiosos? Por ejemplo; ¿Puede en este momento el Estado interventor decidir quién entra o no a la mina? ¿Cuántos tajos a cielo abierto son realizados actualmente? ¿Cuántas minas son explotadas? ¿Cuántos molinos están en funcionamiento en las minas?

Conviene añadir otras preguntas al cuestionario: ¿Pueden los funcionarios del Departamento de Laboratorio de Recursos Minerales entrar a recoger muestras para su análisis? ¿Pueden en este momento los campesinos del área atravesar libremente el territorio para atender sus parcelas, sin las recientes prohibiciones impuestas por la minera? ¿Ejerce el Estado alguna soberanía sobre el puerto de Punta Rincón y sobre el aeropuerto? ¿Han podido regresar a ejercer sus funciones los arqueólogos del Estado que fueron defenestrados por la minera sin explicación alguna?

Me queda en el tintero un cúmulo de preguntas que podrían ser contestadas si la intervención del Estado no fue de mentirillas y sólo para quedar bien con el público, para evitar el escarnio nacional. De lo que aquí expongo, sólo queda advertir que la historia es un juzgador cruel que no perdona ni rebaja culpas. Pocos pueden librarse de la admonición que se gana luego de una retorcida y tambaleante actuación.

Señores del gobierno:

Los cuestionamientos están hechos. Les corresponde a ustedes actuar con patriotismo y firmeza, en aras de la defensa de los recursos naturales de los ciudadanos que los eligieron. No olviden que serán recordados por sus actos.

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