En su mayor parte desplegada en el mar territorial, la minera no metálica sobrepasa la superficie terrestre del istmo.
Por Sergio Sánchez Silvera
Profesor y periodista
En la oferta dirigida a obtener divisas y salvar a Panamá en materia económica y laboral, el gobierno panameño apuesta a la apertura del mayor número de minas posibles en este país.
Sin embargo, esa meta es totalmente imposible de concretar a través del Código de Recursos Minerales vigente. La versión codificada de 1963 era mala y después de 26 modificaciones en años recientes, ha sido empeorada, de forma que al Estado no le toque ni un solo centavo de la explotación de minas y canteras.
Esas modificaciones al mencionado Código lo hacen muy semejantes al Contrato Ley 9, de 1997, o Ley de Petaquilla, S.A. Ese convenio ampara a las empresas mineras, para que no entreguen ninguna ganancia, ningún dinero al Estado panameño.
La explotación minera ha sido emprendida sin suficientes estudios e investigaciones que avalen su contribución al crecimiento de la economía. Se carece de planificación y consulta al verdadero dueño del recurso: la población de Panamá.
Según un informe de agencias internacionales a las que recurrió el gobierno de este país (BID y otros), la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) carece de personal técnico-científico en cantidad y calidad para la actividad de la Dirección y Fiscalización que se pretende realizar.
La realidad muestra que en Panamá hay un gobierno que, sin contar con las herramientas de medición necesarias, pretende entregar el territorio para la explotación a ambiciosas empresas extranjeras de minería metálica y no metálica.
La superficie para el desarrollo de la minera no metálica, en su mayor parte en el mar, sobrepasa la superficie terrestre de Panamá. Datos del MICI revelan que al 31 de mayo de 2021, entre contratos y solicitudes de minería no metálica, hay comprometidas 7.862 millones de hectáreas, lo que es más que los 7.542 millones de hectáreas que tiene este país en tierra firme, donde los panameños desempeñan diversas actividades de subsistencia.
En la actualidad, 16 compañías de minería metálica ya están en etapa de exploración y presionan para empezar la extracción en 63.683 hectáreas en 22 distritos del país, mientras que 135 compañías se proponen alcanzar el nivel de contrato para explotar 1,188.279 hectáreas de minería metálica sobre el territorio continental.
Si la ambición de los proyectos mineros prevalece, 73 de los 75 distritos del país tendrán su mina andando y destruirán en pocos años el modo de vida de las comunidades rurales y zonas remotas.
Con ese ritmo de crecimiento de la minería, no habrá lugar donde la población disponga de un medio sano, pues el territorio nacional no alcanzará para repartir la riqueza mineral. Ello debería inducir a enérgicas respuestas del movimiento social panameño en defensa del ecosistema amenazado por el extractivismo y la persistente contaminación industrial sobre cuencas hidrográficas.
