Por Marco. A. Gandásegui, hijo
Profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA
Las sanciones del gobierno panameño contra los dirigentes y algunas empresas venezolanas arrojaron como resultado dos grandes perdedores y un gran ganador. Entre los perdedores están Panamá y Venezuela. El ganador es EEUU. A la lista de perdedores se pueden agregar a todos los países latinoamericanos y del Caribe. Desde la Revolución cubana, EEUU no había logrado romper la unidad de los países de la región.
En el caso de Panamá, el gobierno actual se deja torcer el brazo por EEUU para atacar políticamente a un país hermano cuyos jóvenes combatieron juntos en las batallas por la independencia hace dos cientos años bajo el mando del libertador Simón Bolívar. Además, Venezuela encabezó a los países de la región que se solidarizaron con las luchas por la soberanía de Panamá en el siglo XX.
El gobierno panameño debió haber asumido el liderazgo en la búsqueda de una solución en los diferendos entre EEUU y la patria bolivariana. Washington teme que va a perder acceso –en algún momento en el futuro– de los ricos yacimientos de petróleo en el arco del Orinoco. Intentó darle un golpe de Estado al presidente Hugo Chávez en 2002 y desde que llegó el mandatario Nicolás Maduro al poder, ha tratado por todos los medios de desplazarlo sin éxito.
En una maniobra que pareciera tener un fuerte elemento de chantaje, EEUU logró que Panamá tomara medidas contra Venezuela. El contenido de las sanciones económicas encubre un objetivo político. Según la agencia de noticias del gobierno español, EFE, “EEUU instó a otros países en el hemisferio a imitar las medidas de Panamá” contra Venezuela.
Panamá publicó una lista de 55 venezolanos ‒entre ellos al presidente Maduro y 16 empresas‒, que considera riesgos para la seguridad. Ya lo había hecho Washington. Según el gobierno panameño, se supone que Maduro y los otros en la lista son un “alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”. La resolución suscrita por el gobierno del presidente Varela se cae de su peso cuando plantea que Maduro y sus colaboradores financian el terrorismo y armas de destrucción masiva. Debieron ser más originales e imaginativos.
El Departamento de Estado en Washington reaccionó inmediatamente, apoyando las medidas: “Aplaudimos el anuncio de Panamá… y respaldará otros esfuerzos en la región para combatir” al gobierno bolivariano de Venezuela. Washington no se quedó corto en dar a conocer sus intenciones al “instar a otros países en el hemisferio a imitar las medidas de Panamá”.
El gobierno venezolano anunció, por su parte, medidas de reciprocidad que afectan al gobierno panameño y a importantes empresas que tienen negocios con Venezuela. “Suspendió por 90 días prorrogables las actividades económicas en Venezuela de varios funcionarios panameños, incluyendo al presidente Varela, a la vicepresidente y canciller, Isabel de Saint Malo, así como 46 empresas del país”. Entre éstas a la línea aérea COPA y varios concesionarios de la Zona Libre de Colón (la segunda zona franca del mundo).
La maniobra de EEUU no sorprendió a los panameños, ya que hace poco hizo que el gobierno le declarara la guerra al Estado Islámico, entidad autoproclamada de los sunitas en Irak. También Panamá ha votado contra Palestina y a favor de Israel en las Naciones Unidas. Desde principios del siglo XXI, Panamá ha vuelto a servir de trampolín del Comando Sur de EEUU para sus operaciones militares en la región.
En la Cumbre de las Américas, en Lima, se reunieron los presidentes que pretenden lograr una mayoría para condenar al gobierno bolivariano de Venezuela. Y el conflicto creado por el gobierno panameño forma parte de la estrategia de EEUU para aislar aún más a Caracas.
La agenda de Lima debió comenzar por plantear cómo reforzar la integración latinoamericana, la autodeterminación, los derechos humanos y la democracia, la unidad –según lo planteara Justo Arosemena– y la no intervención de potencias extranjeras en los asuntos internos de la región y de cada país latinoamericano. El enfrentamiento creado artificialmente entre dos gobiernos latinoamericanos –como es el caso de Panamá y Venezuela– debe evitarse. En ese caso, fue cuidadosamente planeado y promovido por un gobierno extra-regional. La Cumbre de Lima tendría que haber sido el lugar ideal para examinar y condenar la intervención de EEUU en los asuntos internos de dos países hermanos.