La decisión del gobierno de Estados Unidos de declarar un estado de emergencia tras el ciberataque a la mayor red de oleoductos en ese país, debería inducir a las autoridades panameñas a cambiar de armadura ante las potenciales agresiones a su sistema de seguridad electrónica que ampara los pilares de su economía de servicios globales. Bajar la guardia no representa una opción válida.
En ediciones anteriores, Bayano digital anticipó que ese momento llegaría. Por ese motivo, criticó la inconsulta decisión del gobierno del ex presidente Juan Carlos Varela de matricular a Panamá en la alianza bélica contra el Estado Islámico (léase ISIS), ya que ello convierte a este país, su sistema bancario y portuario, e instituciones vitales como el Canal de Panamá, en una especie de tarjeta de tiro.
Lo ocurrido el domingo 9 de mayo de 2021 en Estados Unidos, revela los riesgos de adoptar conflictos ajenos. Ello confirma, además, que la amenaza es real entre quienes apuestan a la ciberguerra para dirimir las contradicciones que antes se traducían en escenarios de destrucción masiva. Ahora, una partícula electrónica que contenga un programa malicioso puede paralizar súbitamente a todo un país.
Sin duda, el mejor escudo sería la adopción de un modelo neutral que acompañe a la neutralidad que rige sobre la vía interoceánica y que fue plasmada en los Tratados del Canal, suscritos en Washington en 1977 por el entonces presidente de Estados Unidos, James Carter, y el jefe de gobierno panameño Omar Torrijos, con el objetivo de resolver una contradicción histórica y poner fin al colonialismo.
La apuesta por la paz y el respeto al derecho internacional deben proveer un mejor blindaje a Panamá en mundo en crisis, sacudido por estallidos sociales que afloran con violencia en medio del agotamiento del modelo neoliberal que diseminó en Latinoamérica las semillas de explotación e inequidad. Ese argumento adquiere mayor sentido ante la impostergable tarea de la refundación de la República.
La población debe reconocer la necesidad de salvaguardar la soberanía nacional en el contexto de la ciberguerra y privilegiar la seguridad ante el objetivo de reorientar la política exterior. Así lo sugiere el robó de más de 100 GB de información del Oleoducto Colonial, que transporta más de 2,5 millones de barriles por día en Estados Unidos, y el ataque selectivo a portales electrónicos en Panamá.
