Panamá con la Seguridad empeñada. Editorial del martes 4 de febrero

0
243

Uno de los mayores reveses institucionales de Panamá es, sin duda, su sistema de Seguridad vigente. Duele decirlo, porque hay un intento oficial de devolverle a los sectores sociales los niveles de confianza y simpatía hacia la Fuerza Pública, pero hay que advertir que se ha tocado fondo en instituciones penetradas por el flagelo de la corrupción, la mafia del contrabando y el crimen organizado.

La fuga por segunda vez del dominicano Gilberto Ventura Ceballos, quien había sido recluido en la cárcel La Nueva Joya, revela la grave complicidad de agentes policiales que actuaron al margen de la ley para liberarlo. En todos los centros penitenciarios de este país son incautadas con frecuencia armas de guerra, drogas y unidades de telefonía móvil, lo que demuestra una larga espiral de corrupción.

El incidente de evasión asistida guarda relación con la actitud cómplice que desencadenó la masacre de 14 reclusos en el centro penitenciario de La Joyita, en diciembre de 2019, así como la guerra entre las pandillas que han desatado un imparable baño de sangre por la disputa del mercado de la droga y se amparan en un sistema judicial salpicado por diversos escándalos de chantaje y soborno.

Los cuerpos policiales del país tendrían que ser sustituidos por una fuerza distinta, con tradición patriótica y lejos de todo tipo de entreguismos. Lo que hoy se entiende por el sistema de Seguridad, es el resabio de instituciones subordinadas que surgieron tras la inhumana invasión de Estados Unidos a Panamá, en 1989, para deponer al general Manuel Noriega e imponer un régimen sumiso.

En vez de dar pasos firmes en la dirección correcta, los dos últimos gobiernos dotaron al aparato policial de prebendas y facilidades para los comisionados y subcomisionados, que devengan sueldos elevados, diametralmente distintos a los de sus subalternos. Está claro que el modelo se ha pervertido y se hunde en medio de una crisis, y traiciona el objetivo supremo de la Seguridad Nacional.

Esa realidad, de deterioro e impunidad, es incompatible con los esfuerzos de sacar a Panamá adelante y construir un Estado digno, soberano y seguro. Es necesario barrer la podredumbre que hay en la Fuerza Pública y diseñar un modelo castrense que no admita ni reciba ordenes de los carteles de la droga. Los panameños merecen una gobernabilidad efectiva y no darán su aval a más fracasos.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here