Por Abdiel Rodríguez Reyes
Profesor de Filosofía
En un contexto global, se sabe que estamos en medio de una pandemia (la Covid-19), sin parangón en la historia reciente y una guerra entre Rusia y Ucrania, que ha contribuido a ncrementar el precio de la gasolina y la incertidumbre en los mercados financieros internacionales.
Si bien ambos hechos afectan el discurrir de los países, tampoco puede ser la excusa eterna para tener en ascuas al país entero. La crisis actual de Panamá no es sólo el resultado de la falta de respuestas concretas y satisfactorias, por parte del Gobierno. Lo que ocurre es también la consecuencia de más de 40 años de políticas neoliberales y más de tres décadas de la hegemonía de partidos de derecha.
A tres años del Gobierno del presidente Laurentino Cortizo, las cosas no pintan bien. Todo el país, de frontera a frontera, está en pie de lucha. La protesta incluye a educadores, pescadores, camioneros, taxistas, conductores de autobuses colegiales, sindicatos, pequeños productores, estudiantes, y cada día se suman más sectores, alzando su voz. Los motivos inmediatos: el alto costo de la gasolina, la canasta básica, y otro que últimamente aparece en el discurso de algunos funcionarios: ¡no hay presupuesto!
Por otro lado, los problemas de fondo: la abultada deuda pública (más de 40.000 millones de dólares), las políticas neoliberales, las instituciones financieras internacionales y la hegemonía de este sistema de partidos de derecha como reflejo, entre otras cosas, de los intereses del “poder económico”, que imposibilitan una reforma tributaria progresiva y la transición hacia una democracia participativa.
Las intermitentes y constantes manifestaciones de diversos sectores sociales y populares, coyunturalmente son más por falta de respuestas que por alguna acción en concreto del Gobierno. En el pasado, las luchas se articulaban contra alguna ley, reforma o medida, como las multitudinarias manifestaciones contra la reforma a la Caja de Seguro Social (CSS), en el quinquenio de Martín Torrijos, o la “Ley Chorizo”, de Ricardo Martinelli.
Ahora, es porque no están encontrando respuestas a las demandas que atosigan a la sociedad. Si algo caracteriza la administración del presidente Cortizo, es la proliferación de diálogos como el del Bicentenario y el de la CSS que, sí tuvieron alguna buena intención, se diluyeron en el aire. Además, hay mesas de alto nivel sin respuestas satisfactorias a los sectores crispados. En ese sentido, no se trata de dialogar por dialogar, sino de encontrar respuestas factibles a demandas concretas. Es palpable un problema de factibilidad en estos ejercicios. Porque establecer un diálogo o mesa sin repuestas factibles y satisfactorias es una mera abstracción. La lectura que están haciendo estos sectores sociales y populares, es que se trata de dilatar todo para no cambiar nada.
No se requiere ninguna teoría sofisticada para entender lo que está pasando en el país. Los problemas saltan a la vista; la crisis está en curso. No empezó ayer, ni terminará mañana. Persisten los problemas de fondo y otros inmediatos, como la falta de pagos retrasados a algunos trabajadores del sector Salud, la poca inversión en Educación, incluso incumpliendo el artículo 124 de la Ley 47 Orgánica de Educación, que establece un presupuesto no menor del 6% del PIB.
A ello, habría que sumar la ineficiente recolección de la basura, entre otros problemas, lo que demuestra, además, una limitación de agencia de algunos funcionarios quienes técnicamente no han realizado su trabajo. Esto ha minado al país entero y cada día se van incorporando nuevos actores políticos. Por su carácter intermitente, eso puede variar, pero en la coyuntura seguirán apareciendo más conatos de incendio, de manera que la única forma del Gobierno para sofocarlos, será la represión, ya que el diálogo no está funcionando.
Si el Gobierno presenta una autoimagen de que está resolviendo los problemas y los funcionarios se dedican a “dorar la píldora” (atenuar la crisis) sin encarar las dificultades, empeorará la cuestión. En cambio, si acepta como legítimas aquellas demandas de quienes protestan y actúan en función de su resolución, las cosas podrían mejorar. Pero la realidad muestra lo contrario. Así que, lo único seguro será el aumento de la represión y los intentos de dilatar mediante diálogos las diversas, intermitentes y constantes manifestaciones sociales y populares a lo largo del país.
No sé debería pasar por alto el descontento de mayor arrastre en los movimientos sociales y populares orgánicos que no luchan sólo en la coyuntura, sino contra la estructura misma neoliberal del Estado. Si ambas luchas se unieran en su diversidad, pondrían en aprietos al Gobierno. Sin embargo, aún no se ha organizafo la indignación en un solo frente.
Teniendo en cuenta lo señalado al inicio, a tres años del actual Gobierno, vemos muy difícil que la gestión restante satisfaga a la población. Lejos de ello, lo que se confirma es la caída de la popularidad del presidente Cortizo.
En términos generales, Panamá está ante una crisis estructural del sistema derechizado de partidos políticos, que en lugar de resolverse puede restructurarse y seguir operando en función de intereses de clase. La experiencia regional, como los casos de Chile y Colombia, mostró que luego de multitudinarias manifestaciones, los movimientos sociales y populares en su diversidad, encontraron la unidad para contar con un candidato propio a las elecciones, saliendo victoriosos luego de largas décadas de neoliberalismo en ambos países. En ese escenario, el progresismo gana terreno y hace de la democracia algo más real como expresión de nuestras formas ideológicas.
Ante esa “situación chispeante”, como dice el dirigente Alfredo Graell, de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP), la vía es organizar la indignación, aprovechando la acumulación histórica y coyuntural, con miras a sentar las bases para un proyecto político alternativo. No es del interés del Gobierno resolver problemas que ni siquiera están en su agenda. La tarea colectiva, en lo táctico, sería pensar en las próximas elecciones y, en lo estratégico, en las profundas transformaciones que requiere el país.
