Por Rafael García Denvers
La forma como se ventilan las informaciones sobre el caso Odebrecht, da la impresión de ser un caso único y excepcional, o que los brasileros inventaron la corrupción, lo que de partida nos invita a pensar que se intenta ocultar muchas cosas y evitar que se vean, se reconozcan, las reglas del libre mercado neoliberal en sus justas dimensiones y costumbres.
Las obras asignadas a la empresa Odebrecht se remontan a tres periodos presidenciales, incluyendo el actual y tienen un costo de más de 9.000 millones de balboas o dólares, como quiera identificar la moneda no importa, al final lo importante es la hipoteca sobre nuestro futuro y el sudor y sacrificio que representa, de ese monto más del 50% está relacionado al pasado gobierno y existen numerosas denuncias de sobre precio en las mismas; pero hasta la fecha no ha pasado nada… Si aplicamos la regla del precedente como fórmula de análisis, debemos recordar el caso Finmeccanica y la existencia de la comisión (léase coima) incluida en la transacción comercial entre el Estado y la empresa. ¿Cuál era el porcentaje de la misma?
En informaciones de la Estrella de Panamá, el 24 de agosto del 2016, se menciona al fiscal Franco Picardi, del Ministerio Público de Argentina, quien señala que existían denuncias donde se involucraba al Sr. Ricardo Martinelli y su ministro de obras públicas por la recepción de beneficios económicos del 10% de los contratos por la adjudicación de los mismos a la empresa argentina Telespazio, filial de la italiana Finmeccanica. Por el conocido final de este caso donde se firmó un acuerdo con compensación al Gobierno de Panamá y algunas historias extrañas para cerrar el tema, podríamos hablar de coimas, sobrecostos o comisiones del orden del 10%. ¿Le parece?…
Siendo así la situación, apliquemos sólo la mitad a Odebrecht, 5%. Resultaría un posible sobrecosto (coima) de por lo menos 450 millones, eso explica que la confesión de Odebrecht se acompañe con 59 millones que representan nada al lado de lo que se repartieron entre la empresa y los firmantes en representación del gobierno panameño. Panamá tiene que sancionar a Odebrecht y lograr resarcirse del daño ocasionado (a presente con la deuda y a futuro con los intereses de la misma que hemos de pagar), pero sobre todo debe recuperar lo robado por los delincuentes de cuello blanco que han asaltado el erario público, no importa su origen o filiación política, son ladrones y criminales de lesa humanidad.
Lo que se distribuyó entre los políticos y funcionarios sirve para mejorar la salud, la educación, hacer viviendas dignas, mejorar la infraestructura y sobre todo para financiar al agro, la producción de agua y programas de sostenibilidad ecológica entre otros muchos temas; hoy en día es una carga crediticia que debemos pagar y cuyos réditos fueron a engrosar los bolsillos de quienes hoy se burlan con sanciones como casa, país por cárcel o simplemente impunidad absoluta por el comportamiento cómplice de una justicia corrupta y al servicio de estos mismos dineros mal habidos.
Debemos recuperar lo robado, encarcelar a los ladrones e impedir que esto se repita.
