Obreros repudian artimañas para botar a millares de panameños

Más de 850.000 trabajadores panameños han quedado en la calle, a causa de la suspensión de contratos, revela un detallado informe de la CUTP.

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Miles de jóvenes buscando empleo. (Foto de Archivo).

(Redacción de Bayano digital)

El secretario de Defensa de la Central Unificada de Trabajadores de Panamá (CUTP), Gustavo Herrera, denunció que el gobierno del presidente Laurentino Cortizo empuja al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral a una peligrosa confrontación, a causa de artimañas empresariales y violaciones de derechos elementales de la clase asalariada que clama justicia.

Herrera, quien participa en la mesa de diálogo económico y laboral instalada por el gobierno el 1 de mayo, indicó a Bayano digital que la suspensión de contratos a millares de trabajadores, en medio de la pandemia de Coronavirus (Covid-19), se ha traducido en una burla a los derechos a la justa remuneración prevista en el Código de Trabajo. Adujo que “ningún decreto está por encima de la ley vigente”.

El 20 de marzo, fue aprobado el decreto 81 que estableció la suspensión temporal de contratos, lo que significa que “los trabajadores no están obligados a prestar el servicio y los empleadores no están obligados a pagar el salario”. Esa decisión abarca los contratos de los trabajadores de compañías que hayan sido cerradas como parte de las medidas preventivas oficialmente adoptadas este año.

Poco después, el 21 de abril de 2020, el Órgano Ejecutivo autorizó una prórroga de las suspensiones de contratos entre empleadores y trabajadores, a través del Decreto Ejecutivo No. 95, lo que ha derivado en conflictos debido a que responden a medidas aplicadas que violan en forma flagrante los derechos laborales.

Herrera aclaró que, para suspender a los trabajadores, las empresas debieron acreditar las listas de empleados que quedarían cesantes y explicar los motivos de esa suspensión. Lo que ha ocurrido, en la práctica, es que más 850.000 trabajadores perdieron sus puestos de trabajo, de los cuales únicamente 200.000 figuran en listas aprobadas en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

La decisión oficial subraya que los empleadores que otorguen vales de alimentación a trabajadores suspendidos podrán beneficiarse de los incentivos fiscales establecidos en la ley 59 del 2003, siguiendo la aclaración establecida en el decreto, de que cualquier bono alimenticio entregado no debe ser considerado salario. Sin embargo, una investigación exhaustiva reveló la farsa montada.

Herrera señaló que, debido a esa irregularidad, los trabajadores suspendidos no figuran en ninguna lista y tampoco han podido acceder al vale alimenticio, porque teóricamente están laborando. Al respecto, puntualizó que esa artimaña empresarial no es válida, lo que significa que los empleadores que violaron la ley laboral deben pagar todas las remuneraciones no entregadas a los trabajadores en el período en que fueron cesados ilegalmente los contratos suscritos entre ambas partes.

El dirigente sindical dijo que acudió al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral para saber cómo pudo ocurrir esa situación escandalosa, sin conocimiento previo de las autoridades del ramo, pero no obtuvo respuestas debido a que los funcionarios prefirieron eludir las preguntas sobre una medida que parece haber sido tomada a sus espaldas y sin la consulta a la clase trabajadora.

Herrera manifestó su indignación por el hecho de que, tras ser invitados a participar en una mesa laboral por el presidente de la república, los trabajadores no han sido convocados para discutir los temas económicos del país y exigen el derecho a ser consultados sobre decisiones trascendentales que son tomadas en otra mesa donde no hay presencia de los sindicatos. En ese sentido, instó al mandatario a responder los reclamos de sectores que ven esfumadas sus conquistas sociales.

“El (Cortizo) habla mucho de la mujer campesina y de los obreros. Bueno, nosotros, los obreros, la gente del campo, respetamos la palabra, y la palabra de un hombre es la palabra de un rey”, subrayó el dirigente en un intento dirigido a concretar un genuino esfuerzo para la reactivación de la economía y rechazar los mecanismos utilizados para lanzar a la calle a millares de personas en edad productiva.

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