Por Alberto Velásquez
Periodista y Relacionista Público
Trabajadores organizados realizan los preparativos para enfrentarse a la posible aprobación del contrato suscrito entre el gobierno panameño y Minera Panamá, S.A, el cual califican como una infamia y una burla a la soberanía de este país.
El rechazo del movimiento sindical apunta al mencionado contrato, en el que se prevé un nuevo enclave inspirado en el modelo que rigió en complejo bananero dominado por la United Fruit Company y la segregada ex Zona del Canal de Panamá.
En el foro convocado por el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), todas las centrales y organizaciones afiliadas llamaron a una gran movilización para oponerse a que la Asamblea Nacional de Diputados apruebe el acuerdo para la extracción de minerales en el Caribe panameño.
Varios oradores rechazaron los términos del acuerdo firmado entre las partes, que cede la soberanía nacional a cambio de 375 millones de dólares. Indicaron que un párrafo del contrato otorga a la minera el derecho a explorar, extraer, beneficiar, procesar, refinar, transportar, vender y comercializar el mineral metálico de cobre en conjunto con la exploración y explotación de minerales asociados mas valiosos que el cobre extraído.
En el polémico texto repudiado por la clase trabajadora, prevalece el uso reiterado del término “concede”. De hecho, Panamá confiere a la empresa extractivista la posibilidad de construir y controlar barriadas, aeropuertos, muelles, puentes de acceso, túneles, tuberías, reservorios y desvíos de aguas, ferrocarriles y demás facilidades a través de un contrato ley que será inmune a todas las reformas legales que disponga el gobierno nacional.
Los trabajadores organizados en CONATO y en otras centrales conocieron, mediante la documentación presentada, los detalles revelados por el químico, docente y periodista Sergio Sánchez y el abogado ambientalista Harley Mitchell Morán.
Ambos conferencistas demostraron en forma fehaciente que el contrato con la Minera Panamá, S.A. es más lesivo que la antinacional convención canalera negociada a comienzos del siglo XX por el francés Phillippe Bunau Varilla y Estados Unidos.
Sánchez y Mitchell manifestaron que el leonino contrato concede, además, autoridad a la minera para aumentar a su antojo más hectáreas de explotación, incluso expropiando tierras particulares, y la restricción de vuelos sobre el espacio aéreo de sus extensas explotaciones.
Por increíble que parezca, la compañía minera podrá generar energía eléctrica para su uso y venta, y otras concesiones por los próximos 20 años, prorrogables, sin limitaciones en la venta de otros minerales con mas valor en los mercados internacionales, sin ninguna interferencia oficial.
Durante el foro, líderes de las centrales obreras destacaron la poca o ninguna reglamentación del Estado para resguardar la salud de los trabajadores mineros, expuestos al contacto con numerosos tóxicos. Asimismo, cuestionaron la ausencia de un estricto modelo tributario a favor del patrimonio mineral de este país.
Las movilizaciones de los sectores obreros continuarán hasta impedir la aprobación del oprobioso contrato minero.
