Nuevo pacto social en América Latina

Disminución de salarios, deserción escolar, auge del trabajo informal, aumento brusco del desempleo: las consecuencias sociales de la crisis sanitaria para los habitantes de la de región de América Latina y el Caribe han tenido vastas repercusiones. Para evitar un incremento de las desigualdades, Karina Batthyány aboga por la puesta en marcha de un sistema más solidario y justo.

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Performance femenina organizada en Chile para protestar contra la violencia patriarcal.

Por Karina Batthyány
Secretaria ejecutiva deñ Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) y profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Uruguay

La pandemia del coronavirus ha tenido efectos sin precedentes en la vida cotidiana de los habitantes de la región de América Latina y el Caribe (ALC), con repercusiones especialmente graves en los hogares de menos ingresos. La emergencia sanitaria declarada por el Covid-19 ha trastornado los modelos de vida habituales.

La magnitud de la crisis ha reabierto en ALC algunos debates sobre la función del Estado, de la política en general y de las políticas públicas en particular. Hay voces que hablan del fin de la humanidad y otras dicen que nada cambiará. Lo cierto es que nos encontramos en un tránsito hacia sociedades que, en algunos aspectos, sufrirán reconfiguraciones a corto y mediano plazo en la región latinoamericana.

Al respecto, las proyecciones económicas de la CEPAL prevén una contracción del PIB regional de -5,3% para 2020, la peor caída de la región en los últimos cien años. Asimismo, se proyecta un aumento importante del desempleo, 12 millones más de parados en una zona que tiene ya un 53% de informalidad, lo que es especialmente grave. Recordemos que pocos países de la región cuentan con prestaciones de desempleo. Sólo en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay los trabajadores del sector formal tenían seguro de desempleo en 2019.

Los más pobres son los más afectados

Dadas las desigualdades económicas y sociales de la región, el desempleo repercutirá de manera desproporcionada en los pobres y en los estratos vulnerables de ingresos medios, con un efecto diferencial también en las mujeres.

Asimismo, es probable que la crisis haga crecer el empleo informal como estrategia de supervivencia, y que las familias más pobres envíen a sus hijos al mercado de trabajo, lo que incrementará las tasas de trabajo infantil. La pobreza podría aumentar 3,5 puntos porcentuales, mientras que se prevé que la pobreza extrema aumente 2,3 puntos porcentuales. (CEPAL, 2020).

Por otra parte, el colapso en los sistemas de salud en diferentes países pone de manifiesto la necesidad de avanzar en la consolidación de un sistema de salud universal que garantice la calidad, que cuente con los recursos necesarios para hacer frente a situaciones de crisis y que enfoque la salud de forma integral, considerando la situación socioeconómica de las personas y su calidad de vida.

El modelo económico actual ha generado desigualdad, con una profunda concentración de la riqueza y, en la región, el acceso a las prestaciones sociales sigue siendo un privilegio ya que no existe un estado de bienestar universal. Antes del coronavirus esto significaba un problema central, pero hoy en día es una cuestión de supervivencia y a mediano plazo es indispensable repensar las políticas económicas y sociolaborales para promover el trabajo decente y el cumplimento universal de los derechos sociales.

Ingreso mínimo vital

En este contexto se abre paso la discusión sobre la necesidad de un ingreso mínimo vital de los ciudadanos en ALC, basado en la premisa de que el acceso a los bienes esenciales es la condición necesaria para la existencia de una ciudadanía democrática, que garantice un horizonte de dignidad para todas las personas. América Latina y el Caribe es la región más desigual del planeta y esta crisis sanitaria seguramente profundizará este patrón.

Por último, es importante analizar la repercusión de la emergencia sanitaria en las desigualdades de género. Una dimensión central al respecto es la referida al cuidado, en tanto nudo crítico de la desigualdad en la región y expresión objetivable de la división sexual del trabajo.

Una de las medidas exitosas en la lucha contra el Covid-19 ha sido el aislamiento, pero este ha trastocado las dinámicas laborales, domésticas y de cuidado, afectando especialmente a trabajadores/as informales, niños/as y mujeres. El aislamiento tiene un claro efecto sobre la vida de las mujeres, acrecienta el trabajo doméstico y de cuidados, tareas que contribuyen al sostenimiento de los hogares y que históricamente han permitido el funcionamiento del mundo.

Las mujeres, fragilizadas

De acuerdo a las cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 126 millones de mujeres trabajan de manera informal en América Latina y el Caribe. Eso equivale aproximadamente a la mitad de la población femenina de la región. Esto quiere decir, entre otras cosas, inestabilidad laboral, bajos ingresos y falta de mecanismos de protección esenciales en una crisis como la actual.

En muchos países de la región los niveles de informalidad son extremadamente elevados. En Bolivia, Guatemala y Perú el 83% de las mujeres tiene empleos informales, sin ningún tipo de cobertura de seguridad social o protección de la legislación laboral. En la región, casi el 40% de las mujeres trabajadoras están empleadas en el comercio, restaurantes, hoteles y trabajo doméstico. Estos son los sectores más afectados y los empleos menos protegidos en la crisis económica desatada por el coronavirus.

Por lo tanto, gran parte de mujeres latinoamericanas va a dejar de percibir sus ingresos en momentos especialmente difíciles. Esto podría ahondar aún más la brecha económica que separa a hombres y mujeres. Actualmente, por cada 100 hombres que viven en la pobreza extrema en América Latina, hay 132 mujeres.

Nuevo “pacto social”

Asimismo, el confinamiento ha supuesto también una escalada de la violencia de género en ALC. Sabemos que, en tiempos de precariedad económica e inestabilidad social, explota la violencia de género en el ámbito doméstico; además, la consigna de aislamiento social y confinamiento en el hogar se promueve bajo la premisa de que es el lugar seguro desde el cual enfrentarse a esta pandemia, pero esto no es así para una parte significativa de las mujeres y los niños.

Ante estos desafíos, se trata en definitiva de construir un nuevo “pacto social” basado en el reconocimiento de la solidaridad y la interdependencia como valores claves para la construcción de un sistema social más justo en ALC. Esta crisis pone de manifiesto las consecuencias que tiene sobre la vida la mercantilización de lo público y de lo común. La pandemia parece estar dejando claro que los estados no están muertos y mantienen una función principal en la ejecución de políticas capaces de transformar la realidad de manera eficaz.

Políticas públicas que aborden el desafío siempre postergado de construir sistemas universales de protección, cambiando el foco de atención del mercado a las personas, colocando la vida y el cuidado en el centro. Para esto el Estado, particularmente el Estado social adquiere un papel central, así como la necesidad de una mayor colaboración y cooperación regional e in

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