Por Roberto Antonio Pinnock Rodríguez
Sociólogo y docente de la Universidad de Panamá
Hace un par de años, hubo una iniciativa de varios grupos de la sociedad civil, cobijados por los órganos de gobierno de la Universidad de Panamá, donde se propuso a los catedráticos Juan Jované y Luis Navas Pájaro como candidatos para formar parte de la Junta Directiva de la ACP. Quienes conocemos a estas dos prestantes figuras, sabemos que son más que académicos, son portadores de un espíritu de lucha por la soberanía total de nuestra Patria. Ya es historia que el Ejecutivo le dio una olímpica ignorada a tal propuesta.
Ese acontecimiento irradió un par de lecciones en el movimiento popular, una de ellas, que el Canal y su territorio es extremadamente importante para la acumulación de riquezas de las clases que dominan nuestro país, como para concederle algún espacio a los que no hacen parte de esas clases, a menos que el o la nominada tenga probadas actitudes de colonialismo mental que no represente peligro para los manejos que han venido dando los representantes de estas clases en el seno de esa Junta Directiva. Como señalamos en nuestro último artículo en esta columna, la puesta en favor del uso más colectivo posible de que hablaba el general Torrijos con la devolución del territorio canalero ha sido negada a partir de la invasión norteamericana de 1989. Desde ese momento se impulsó un diseño de control de parte de las clases sociales que nunca estuvieron de acuerdo con que los amos del norte se distanciaran de nuestro preciado recurso natural. Ergo, cabía esperar que la escogencia de los colegas Jované y Navas no estuviera en la consideración de los ejercientes del poder gubernamental, que han demostrado deberse más a los poderes transnacionales que a las clases que aportan el grueso de la generación de riquezas del país.
Así, en esta ocasión, habiendo crecido la comprensión de esta realidad en un mayor número de organismos de origen popular, estos se plantearon unificar esfuerzos para asumir esta nueva etapa de la lucha por la soberanía auténtica sobre nuestros recursos canaleros, donde una de sus metas viene a ser la de modificar la composición social de la Junta Directiva de la ACP, con ocasión de que en este mes cesan las funciones de tres conspicuos representantes de las clases poderosas del país en ese ente directivo.
Estas cerca de 20 organizaciones populares (cuyo número ya está creciendo) de incidencia en la vida social y económica panameña, nominaron a seis personas con incensurable perfil para asumir el reto de luchar porque las decisiones tomadas en la ACP sirvan a los intereses del pueblo. Se trata de: Amelia Márquez de Pérez, Maribel Gordón, Elberto Cobos, Dídimo Escobar, Juan Jované y Luis Navas.
Estas organizaciones, agrupan a un abanico amplio de corrientes de acción y pensamiento de sensibilidad social: desde la Asociación de Comunidades del Canal, al Movimiento Vanguardia Torrijista, la Asociación contra la Corrupción de Veraguas, a la Concertación de organizaciones por la Unidad de Colón hasta Frenadeso, pasando por organizaciones laborales como la CNTP, la Apudep (docentes de la UP) y la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof) y varias agrupaciones juveniles. Ellas, han logrado poner en la agenda popular, e incluso en la agenda de los medios de comunicación locales e internacionales, un tema soslayado por los clanes económicos beneficiados con el resultado de la lucha histórica por la soberanía.
Además, esto ha motivado que otras agrupaciones como Conato y los sindicatos del Canal, cada uno por su cuenta, también hagan postulaciones, aunque no todas con el perfil que se corresponde a los intereses populares. Probablemente, seguirán más postulaciones, sean con intereses corporativistas, clientelistas, con intenciones de crear división y hasta con ímpetus de mera figuración pública.
Aun así, lo sustancial de la coyuntura es que ha iniciado un proceso en el cual la ciudadanía parece volcarse, como nunca, hacia el reclamo de la parte que debería llegarle al conjunto de las clases sociales panameñas y que son escamoteadas por las élites que controlan los bienes canaleros recuperados. Siendo que un primer paso es proponer la inclusión de representantes probados de las clases trabajadoras, donde se decide buena parte del uso de los dividendos que el Canal genera, de manera que se oriente hacia la acumulación social y no a la privada de unos cuantos.
