Por David Carrasco
Director de Bayano digital
Dirigentes de diversas organizaciones sociales panameñas integradas en la Alianza Pueblo Unido, realizarán la próxima semana nuevas protestas antimineras para rechazar el modelo de contrato de explotación que poderosos poderes económicos intentan imponerle a la República de Panamá.
Así lo declaró este viernes en conferencia de prensa el secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), Saúl Méndez, luego de evaluar la decisión de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional de Diputados, que suspendió (con cinco votos a favor y cuatro en contra) el debate alusivo al contrato minero.
Méndez calificó de ”maniobra” y de ”maquillaje” inaceptable la decisión de los comisionados parlamentarios, de suspender la discusión del contrato, suscrito en 2023 entre el Estado y Minera Panamá, S.A, subsidiaria de First Quantum Minerals. Sostuvo que los diputados pidieron al gobierno que revise cuatro puntos que generaron diversas ”dudas”: concesiones sobre el espacio aéreo, la expropiación de tierras, los aspectos fiscales flexibles y la posible eliminación de una ley marco.
El dirigente sindical manifestó que los diputados estaban moralmente comprometidos a rechazar ese contrato, que atenta contra la soberanía de este país. Adujo que nunca debieron recurrir a un subterfugio de la dilación, respecto a un proyecto de ley que conspira contra el patrimonio nacional.
En ese sentido, convidó a la población a una marcha el lunes, organizada por la Alianza Nacional del Pueblo Organizado (ANADEPO). Indicó que las movilizaciones incluyen el cierre total durante un día en todo el país, el martes, y la presentación, el jueves, de querellas penales contra la multinacional First Quantum Minerals y el procurador general de la Nación, Javier Caraballo, acusado de eludir sus responsabilidades en materia penal en la explotación minera.
Méndez destacó que los beneficiarios directos en Panamá de la explotación de la minería a cielo abierto son los integrantes de la acaudalada y aristocrática familia Boyd, que lucra con el valioso patrimonio nacional y ambiental.
”Aquí lo que tiene que ocurrir, es que se cumpla el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que en 2017 declaró nulo e inconstitucional el contrato de 1997 entre el Estado Panameño y Minera Petaquilla, S.A. (antecesora de Minera Panamá, S.A.)”, concluir ese capítulo con el cierre la mina, declarar una moratoria al extractivismo y abrir un debate y amplia consulta en las urnas para que la población decida si Panamá debe convertirse o no en un país minero, puntualizó el dirigente del SUNTRACS.
Ese fallo judicial reseñó que antes de la aprobación de un contrato ley, la Asamblea Nacional debe cerciorarse de que sean cumplidas las formalidades establecidas, porque, de lo contrario, se entraría en contradicción con las leyes vigentes en la República de Panamá.
Por su parte, José Cambra, dirigente de la Asociación de Profesores (ASOPROF), señaló que la ola de protestas estudiantiles en 16 regiones educativas de Panamá, ante la posible violación de una chica que participaba en el programa oficial denominado Asamblea Juvenil, tiene el mismo origen: el descontento nacional, el hartazgo de la población contra los abusos mineros, las injusticias y los bajos salarios de los trabajadores.
Cambra instó a los docentes a salir a las calles en defensa de los derechos sociales de la población panameña, que enfrenta altos niveles de inequidad y explotación.
