Los escándalos causados por las contrataciones leoninas e intentos dirigidos a desfinanciar a la Caja de Seguro Social (CSS), en perjuicio de la población asegurada y el programa de pensiones, revelan el malsano propósito de grupos financieros de apelar al agotado modelo neoliberal, echando mano al patrimonio de Estado bajo el pretexto de la reactivación económica y el combate a la pandemia.
Ese enrarecido escenario fue montado por una firma de fachada, de análisis económico y finanzas corporativas (instrumento del capital financiero), cuyo verdadero objetivo es la liquidación de todas las conquistas sociales de los panameños, quienes en las últimas décadas cargaron los costos de la privatización y la exclusión de sectores empujados a la pobreza, y al descalabro de la Educación y la Salud.
En medio de una crisis sistémica global, el gobierno de Panamá ha debido elevarse y trazar con dignidad y patriotismo las coordenadas para la sobrevivencia de este país, en tiempos de cuarentena, en vez de ceder ante las exigencias de capitalistas sin escrúpulos que se enriquecen a costa de los bienes públicos, favores y negocios del Estado, y de las empobrecidas capas medias de la población.
No hay justificación alguna para haber permitido que los bancos del sistema tomasen distancia de la moratoria para aprovecharse de la cuarentena, aplicando hasta un siete por ciento de intereses a sus clientes, mientras que más de 200.000 trabajadores han quedado cesantes en las últimas semanas y son candidatos a que pierdan sus viviendas a causa del atraso en los pagos hipotecarios exigidos.
Un buen gobierno no debe permitir que haya más dilación en la ejecución de medidas urgentes de contenido social. Es inaceptable que predomine en el ámbito público la actitud mezquina de desviar hacia la esfera privada las reservas del Estado, en especial las que competen al ámbito de la Salud y las pensiones cuyos fondos han sido construidos en forma solidaria a través del trabajo de todos.
Con pandemia o sin ella, el movimiento social tiene el deber de encarar los graves desafíos que imponen los defensores de un modelo privatizador, concentrador de riquezas, que ahoga a la población más pobre y condena a la ruina a pequeños y medianos empresarios. Las mayorías tienen el derecho a exigir verdaderos programas de Salud, Trabajo digno y Educación transformadora.
Es el momento justo para convocar a las organizaciones populares con el interés de que contribuyan al diseño de políticas económicas prioritarias, que abarcan la soberanía alimentaria, una dura batalla contra la corrupción y la impunidad, y una política exterior firme y consecuente. En ese proceso, hay que generar una democracia social efectiva que frene el galopante endeudamiento externo.