(Redacción de Bayano digital)
De acuerdo a los registros de MITRADEL, hasta el mes de marzo de 2020, previo a la pandemia, 401 empresas contrataron a 2102 personas con discapacidad.
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) y la Universidad de Panamá unieron esfuerzos para la promoción del derecho al trabajo de personas con discapacidad, en cumplimiento de la legislación vigente y convenios internacionales suscritos por este país.
La respuesta institucional a favor de los derechos humanos emanó de una conferencia virtual inaugurada por la Directora General de Empleo del MITRADEL, Zaritma Simon, quien destacó la iniciativa de fortalecer las políticas públicas en materia de inclusión laboral y el respeto de los derechos humanos de estos trabajadores y trabajadoras.
En la conferencia organizada para los estudiantes de metodología de la investigación del profesor Cecilio Simon, un grupo de especialistas detalló los mecanismos que garantizan el acceso al trabajo de las personas con discapacidad. El grupo respondió las preguntas de estudiantes de las escuelas de Administración Pública y Aduanas de la Universidad de Panamá.
Al respecto, la psicóloga Lissete Feuillebois, promotora de sensibilización de la Senadis, planteó que Panamá aprobó leyes y suscribió convenios internacionales que aseguran la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, así como el acceso al trabajo digno, libre de diversas formas de discriminación o desprecio.
Feuillebois precisó que la discapacidad es la condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, intelectual o sensorial, que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. Sin embargo, sostuvo que ello no invalida el derecho a tener un trabajo decente.
Adujo que muchas veces es la sociedad la que limita la incorporación de la persona con discapacidad al trabajo e impone barreras físicas que menoscaban su movilidad. Añadió que las personas en esta condición no merecen ser tratadas con lastima o estigmas denigrantes que afectan la autoestima y vulneran la dignidad.
Entre las limitaciones físicas frecuentes figuran la falta de rampas adecuadas para el acceso a los centros de trabajo y al transporte público, o la carencia de dispositivos para el manejo de una discapacidad incompleta, mientras que otras veces es incomprendida la llamada discapacidad visceral (interna), en individuos con enfermedades crónicas.
A su vez, la asesora legal Zayira Vergara, de la Senadis, indicó que la sociedad marca las limitaciones de la inserción laboral de una persona con discapacidad. Recordó que la legislación vigente, incluida la Convención Interamericana que prohíbe todas las formas de discriminación, insiste en la igualdad de oportunidades.
Recalcó que los seres humanos que enfrentan algún tipo de discapacidad en Panamá deben ser reconocidos en su capacidad jurídica plena. Ello abarca prestaciones de servicios y el acceso a la Salud, el sistema educativo regular, las actividades culturales y el deporte.
Katherine Arosemena, del Departamento de Integración Socioeconómica de Personas con Discapacidad, aclaró que en el Mitradel son recibidos y tramitados los documentos de las personas con discapacidad que aspiran a trabajar y devengar salario.
Advirtió que únicamente el Mitradel participa como observador de la entrevista entre el buscador y el aspirante a una plaza de empleo, y certifica, previa inspección, a aquellas empresas que contratan a las personas con discapacidad.
La jefa del Departamento de Integración Socioeconómica de las Personas con Discapacidad del Mitradel, Vilma Baloy, comentó que la contratación de trabajadores o trabajadoras en esta condición está amparada por Ley 15, de 2016, que reforma la Ley 42 de 1999, y al Decreto Ejecutivo 81, de 20 de marzo de 2020, que prevé medidas para la suspensión de contratos debido a la pandemia de Covid-19.
En la actualidad, las compañías que poseen más de 100 empleados deben tener en su planilla a un dos por ciento de personas con discapacidad, mientras que una empresa con 50 empleados está obligada a contar en su fuerza laboral al menos una persona con esa condición.
