Minería en Panamá: crimen social, ambiental y económico

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Ciudadanos protestan contra la minería a cielo abierto.

Por Jairo H. Pertuz S.
Periodista y analista internacional

Los estudios y conclusiones de profesionales y expertos en el tema de las explotaciones mineras en Panamá son claros y contundentes. Este es un país con una biodiversidad invaluable que está en una absoluta contraposición al proyecto dirigido a la creación de un país minero.

Panamá no es un país con grandes extensiones territoriales, pero su conformación y ubicación lo privilegian para explotar otras diversas actividades más productivas y de largo alcance en el tiempo. Una de ellas es el turismo, que genera más puestos de trabajo, mejores ingresos económicos e inversiones más seguras y perdurables.

Francia, España y Turquía son ejemplos de ello, pues sus economías y su gente se han beneficiado de esa industria que, sin chimeneas ni factores contaminantes mortales, reciben grandes beneficios que han permitido y permiten altos beneficios a esos países. Igual ha ocurrido en Cuba, México, Colombia y Guatemala. Pese a factores sociales en su contra, a través del turismo reciben y seguirán recibiendo ingresos económicos e intercambio cultural, sin contaminar tierras, ríos y mares. Con ello,  tampoco se perjudican la flora, la fauna o el sector primario de la economía, ni la vida de toda la población ni el funcionamiento del Canal interoceánico.

Panamá es muy diferente territorialmente a Chile, cuya extensión es en buena parte desértica. Panamá posee un ambiente verde tropical, contando con un pulmón como el Tapón del Darién, afectado con la migración provocada por factores diversos de raíces geopolíticas que golpean a toda América Latina.

Ningún contrato debe lesionar ni poner en riesgo la seguridad nacional ni jurídica de Panamá u otro país, ni la vida de sus habitantes y la rica biodiversidad. Sería un acto desnaturalizado, ilegal, absurdo e irresponsable hacerlo en contra de los panameños.

Además, Panamá no cuenta con la cantidad requerida de personal técnico idóneo ni con las instituciones para ejercer las funciones de supervisión que garanticen el estricto cumplimiento de los requisitos para el funcionamiento de unas explotaciones mineras tan peligrosas para toda la naturaleza y los seres vivos.

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