Por David Carrasco
La minera Cerro Quema, S.A., que busca explotar los recursos minerales en el macizo del mismo nombre, en la sierra del Canajagua, en la provincia de Los Santos, perdió una apelación judicial contra Basilio Pérez, ex director ambiental en esa empresa, luego de que un tribunal superior emitió un fallo que confirma la sentencia previa de un juez a favor del demandado.
Pérez manifestó Bayano digital que celebró el fallo judicial en un encuentro con grupos de ambientalista que se oponen a la minería a cielo abierto. En sus declaraciones, calificó de un “acto de Justicia” la decisión emitida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, que rechaza las maniobras de la compañía minera e impone costas de apelación a cargo del recurrente por el orden de 50.000 dólares.
En varias oportunidades, Pérez, ingeniero forestal de profesión, indicó que fue despedido en forma injusta de la empresa en la que laboró y sostuvo que el proyecto de explotación carece de un estudio de impacto ambiental serio. Aseveró que la compleja geografía del área obliga a ser cuidadosos con la extracción de minerales, ya que las sustancias tóxicas utilizadas en el proceso podrían comprometer el medio ambiente.
“Es necesario asegurar el recurso del agua del país”, subrayó Pérez tras precisar que Cerro Quema es crítico para 10 cuencas hídricas de la península de Azuero, que involucra a las provincias de Herrera, Los Santos y el sur de la provincia de Veraguas.
En septiembre de 2018, el Frente Santeño contra la Minería (Frsacomi) solicitó al gobierno el cierre definitivo del proyecto minero de Cerro Quema, S.A., localizado entre los distritos de Macaracas y Tonosí, en la provincia de Los Santos, en una zona que posee más de 60 manantiales de producción de agua dulce y grandes riquezas minerales.
La mencionada compañía obtuvo en 1997 con una concesión del Estado panameño para realizar operaciones por un período de 20 años. Sin embargo, al vencerse el plazo de la concesión la minera intentó por diversas vías extender esa concesión que le permitiese extraer del subsuelo oro, cobre y plata para la exportación.
Cerro Quema, S.A., habría invertido en ese proyecto unos 120 millones de dólares, por parte de la empresa Minera Cerro Quema, S.A., subsidiaria de la canadiense Orla Mining Ltd., dedicada principalmente al desarrollo de una explotación de oro. Pero no ha suministrado informe alguno sobre las ganancias netas de la extracción mineral.
Hace dos años, operadores de la minera marcharon en defensa de los puestos de trabajo, con el objetivo de presionar al gobierno de turno para que extendiese el período de la concesión vencida, en medio de un fuerte debate sobre la creación de enclaves mineros.
A su vez, agricultores y ambientalistas respondieron con protestas, debido a potenciales riesgos de contaminación de aguas y tierras por parte de una empresa que carece de marco legal vigente y de una minuciosa supervisión oficial de las actividades extractivistas. El Estado debe reevaluar en los próximos meses el conflictivo escenario de la minería.
