México

La incapacidad de la clase dirigente mejicana llevó a ese país a una condición de Estado Fallido, que en los últimos años ha vivido una silenciosa pero continua guerra civil focalizada, con centenares de muertos diarios, con fosas comunes donde se descubren cotidianamente miles de ejecutados.

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Julio Bermúdez Valdés, Periodista

Por Julio Bermúdez Valdés
Redacción de Bayano digital

Por más de dos décadas el narcotráfico creció sin mucha resistencia en México, ganó un espacio, resultado no solo de lo rentable del negocio, sino de la complicidad de gobiernos que convivieron con esa realidad y hasta se beneficiaron de ella.

En su desarrollo ha desempeñado un papel decisivo la incapacidad oficial y la falta de políticas públicas para la atención de los crecientes problemas sociales en un país donde conviven dos, uno opulento y derrochador, y otro sumido en la miseria y el abandono.

México es uno de los países de América Latina con mayor pobreza. Oficialmente se le ubica en un 7.4%, cifra de la que se duda, pero que se expresa con rigor en Estados como Chiapas donde un millón 623 mil mexicanos vive en pobreza extrema; o en Veracruz donde la padecen un millón 427 mil, o en Guerrero con 971 mil.

Eso podría explicar por qué el narcotráfico se volvió tan popular, por qué asimiló a tantas poblaciones y por qué en muchas de ellas impuso condiciones que el Estado mejicano ha sido incapaz de superar como la corriente de corrupción de la que se ha valido el flagelo.

La incapacidad de la clase dirigente mejicana llevó a ese país a una condición de Estado Fallido, que en los últimos años ha vivido una silenciosa pero continua guerra civil focalizada, con centenares de muertos diarios, con fosas comunes donde se descubren cotidianamente miles de ejecutados.

No seria exagerado indicar que cada día los mejicanos viven una ruleta con la muerte, pese la imagen de tranquilidad que venden los medios de comunicación masiva, como si la realidad no se escapara por las fronteras.

¿Es falso acaso que, en pleno distrito federal, los capos de los narcos poseen residencias fortificadas a la mirada indiferente de las autoridades? ¿Es acaso falso que por años el crimen organizado impuso en Juárez el asesinato continuo de mujeres, sin que el Estado mejicano fuerza capaz de detener y sancionar a sus autores? ¿ Es acaso falso que, ante la desaparición y crímenes como Ayotzinapa, las autoridades jamás dieron respuesta a la población?

¿Es acaso falso que el narcotráfico creció y se desarrolló bajo gobiernos del PAN y del PRI? ¿A qué vienen entonces los gritos histéricos y las declaraciones rimbombantes de los senadores de esos partidos ante los recientes sucesos de Culiacán?

El pasado jueves, cuando se intentó la captura de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del “Chapo” Guzmán , intervinieron 35 policías, pero cuando se desarrollaba el operativo fueron rodeados por hombres armados leales a Ovidio y se desató una balacera donde las fuerzas del orden quedaron en desventajas.

La orden oficial fue abandonar el operativo y dejar en libertad a Ovidio Guzmán López, ante la masacre segura que se perfilaba.

Esa decisión es la que en los últimos días ha servido contra las fuerzas de seguridad y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador una crítica tan histérica como burda, de parte de una oposición que cree haber encontrado en el hecho, razones suficientes como para disminuir la popularidad de la que goza el presidente.

Si hubo un operativo en Culiacán que mantuvo la eventual captura de Guzmán fue porque al capo se le daba seguimiento, se le ubicó con exactitud y se procedió a la captura. Si hubo que soltarlo fue porque hasta ahora en acciones como es el narcotráfico no había evidenciado tal poder y tal decisión de enfrentar con envergadura a las fuerzas del Estado.

El hecho pone sobre tapete no solo los extremos a los que está dispuesto a llegar el crimen organizado en ese país, sino la decisión, por primera vez en muchos años , de un gobierno de encarar con rigor al narcotráfico. Más aun cuando en las últimas horas el ejército ha enviado hacia Culiacán unos 230 efectivos para apaciguar la situación.

Se percibe en la acción -además- una estrategia oficial de focalizar la confrontación y la persecución del delito, en un acto consecuente con las promesas de campaña efectuadas por López Obrador.

Es posible y pertinente preguntarse ¿por qué, en lugar de cerrar filas ante los esfuerzos oficiales en la lucha contra el crimen organizado el PAN se vuelve contra quien lo está combatiendo?

El Crimen Organizado es una realidad regional ante la cual muchos gobiernos parecen haber sucumbido. Muchas clases dirigentes no han dimensionado correctamente el problema, por la razón que sea, pero se trata de una de las grandes amenazas de la época, con recursos, poder y dirección política. (JBV)

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