Por David Carrasco
El discurso pronunciado por el presidente Laurentino Cortizo, en coincidencia con los seis meses de gestión, mostró la desnudez de un país que asiste a la inauguración del 2020 desprovisto de armadura y escudo para enderezar los entuertos tras haber sido y esquilmado por gobierno anteriores que impusieron un modelo de despojo perverso sobre el patrimonio de la nación.
Las palabras del mandatario revelaron por un lado la usurpación que ha provocado un enorme hueco en las finanzas públicas y, por otra parte, la desorganización del movimiento social para enfrentar con firmeza el saqueo y el expolio, y articular acciones coherentes enfocadas en la protección de los recursos del Estado.
En su pronunciamiento, Cortizo omitió un análisis obligatorio relativo a la política exterior panameña, pero no dejó dudas sobre la preocupante realidad económica nacional, al advertir que en los últimos 10 años la deuda de Panamá se triplicó de 11.000 millones de dólares, es decir, que el endeudamiento pasó a más de 30.00 millones de dólares, equivalente a 22.300 dólares por hogar.
El diagnóstico no deja de generar intranquilidad en la clase política a la luz del examen de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que a través de un informe planteó que el período 2014-2020 sería el de menor crecimiento para las economías de América Latina y el Caribe en las últimas siete décadas. Las estimaciones de crecimiento económico regional son de 1,3 por ciento en 2020, lo que se refleja en una pérdida de dinamismo.
La mayoría de la población reconoce las buenas intenciones de enderezar el maltrecho y desprestigiado sistema de Justicia, pero las escasez de resultados en materia de Seguridad, Educación, Fiscalización y el combate a la inequidad, obligan a los politólogos que rodean a la actual administración a plantear modelos eficientes de organización que propicien confianza pública y den sentido a un proyecto político de mayor alcance, ya que es imposible ganar esa batalla y vencer obstáculos sin el masivo apoyo popular.
Antes de iniciar su mandato de cinco años, el presidente Cortizo tuvo que ser informado sobre el tétrico panorama financiero que encontraría en un país virtualmente en ruinas, donde grupos que representan al capital financiero se valieron del poder para ultrajar a la población y robar en forma descarada las reservas. Ese nivel de corrupción es inaceptable y no puede quedar impune. Hay que tener el suficiente coraje para recuperar los dineros que deberían haber sido destinados a favor del desarrollo humano y social.
Aunque el gobierno actual privilegia la lucha contra la pobreza en los 300 corregimiento más pobres del país, hay evidencias de que la gestión pública para el combate a la miseria se ve limitada por las presiones ejercidas por las cadenas agroimportadoras y empresas coaligadas para la generación de mano de obra barata, con un simultáneo crecimiento del sector informal de la economía. Ello sugiere que no bastan los buenos propósitos para cambiar la realidad de un país, si antes no se rompen las reglas del atraso.
Hoy, es cada vez más evidente que se requiere una agenda de Estado, un proyecto soberano que rechace la desnacionalización y garantice la consulta permanente con las bases. Los retos políticos que se avizoran son enormes y exigen una fortaleza moral extraordinaria ante la posibilidad de que potenciales crisis internas y externas aíslen y dejen sin vestiduras a la jefatura gubernamental.
