Por Julio Yao Villalaz
Especialista en derecho internacional
En la actual coyuntura, creo que, sea cual fuere la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Policía Nacional debe siempre considerarse como parte del pueblo y, como tal, servirle y protegerlo.
Si la CSJ declara inconstitucional la Ley 406, se habrá respetado la Carta Magna, y sólo habría que vigilar el cierre de operaciones y esperar que las amenazas de la empresa de desenmascarar a sus beneficiarios y de demandar internacionalmente a Panamá no produzca un mayor resquebrajamiento nacional-estatal que afecte la operación del Canal y ofrezca excusas a otra nefasta intervención en nuestros asuntos internos.
Si la CSJ declara que la Ley 406 es inconstitucional, parcialmente, y que, por ende, la empresa y el Gobierno pueden renegociarla, ello producirá un descontento agravado y una mayor (si fuera posible) protesta y repudio nacional.
En esas circunstancias, la Policía Nacional deberá sopesar su obediencia a la ley con el hecho de ser parte integrante del pueblo panameño, so pena de ahogarse ella misma en el naufragio. Es inaceptable que un grupito de corruptos pongan a pelear a ”pueblo contra pueblo”.
En cualquier caso, se abre un espacio para que las principales alianzas del pueblo elijan una nueva propuesta nacional independiente, cuya tarea inmediata es determinar (1) si las elecciones de 2024 son aún posibles y (2) la forma de participar del pueblo en el próximo torneo electoral.
