En el marco de la realización de un foro virtual organizado por el Movimiento Ambiental de Chiriquí, titulado “Manglares de David: conservación y servicios ecosistémicos”, Juan M. Posada L., vocero de Fundación MarViva, destacó el valor e importancia de estos ecosistemas, y la preocupación por la demora en delimitar el Área Protegida, que no se haya publicado oportunamente el Plan de Manejo elaborado en el año 2014, así como la existencia de vacíos normativos que debilitan las medidas para proteger, mitigar y remediar los impactos de las obras y actividades que se realizarían, de aprobarse el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del Proyecto Puerto Barú, en la Provincia de Chiriquí, presentado por la promotora Ocean Pacific Financial Services, Corp.
Los manglares en las costas del distrito de David fueron declarados área protegida mediante Acuerdo Municipal núm. 21 del 6 de junio de 2007 (Gaceta Oficial No. 25884), por su extensión e importancia ecosistémica, por las actividades económicas perjudiciales que se estaban llevando a cabo y atentaban contra el ambiente y la fauna, y para garantizar que el área pudiese seguir siendo sustento de un considerable número de pescadores artesanales de este corregimiento.
Por ello, no es coherente la vocación del área protegida con un proyecto que incluye la construcción de una terminal portuaria con frente marítimo (para el movimiento de carga comercial como contenedores, carga a granel, y líquidos), la creación de una marina flotante para embarcaciones privadas y embarcaciones pequeñas de bajo calado (incluyendo zona de talleres y hangares, y centro de supermercado e insumos para los marinos y turistas), una terminal de mini cruceros y zona turística, una zona eco-residencial, un parque logístico y una terminal de tanques líquidos, con una capacidad de almacenaje de 600.000 barriles, entre los que se encuentran aceite de palma e hidrocarburos. POR EL PELIGRO Y DAÑOS ASOCIADOS A LOS DERRAMES!
Por otro lado, existen vacíos importantes de carácter normativo científico y técnico, que justificarían el que no se le otorgase la viabilidad ambiental a un proyecto de esta magnitud. Por ejemplo, Panamá no cuenta con regulaciones sobre la calidad de las aguas naturales superficiales de los estuarios, ni sobre el derecho de uso de aguas naturales continentales y estuarinas por la navegación comercial, medidas que brindarían mejores condiciones para el país, su ambiente y su gente. En ese sentido, Tania Arosemena, Gerente de Incidencia Política de la Fundación, puntualiza que “Cualquier desarrollo sin reglas del juego claras está destinado a que los problemas y sus impactos vayan a tener que ser asumidos por el resto de la población y no por una empresa que nos vende una idea de “ensueño”, lo cual es sumamente preocupante.
Para Fundación MarViva es contradictorio que, habiendo propuesto Panamá a través del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) un proyecto piloto con fondos del Global Environment Facility (GEF) orientado a planificación espacial marina y la promoción de un ordenamiento de las actividades humanas en el Golfo de Chiriquí, desde Puerto Pedregal (David, provincia de Chiriquí) hasta Punta Brava (Soná, provincia de Veraguas), incluyendo el Parque Nacional Coiba y su Zona Especial de Protección Marina, pueda contemplar dar el visto bueno ambiental a un proyecto de una manera aislada y fragmentada, con impactos que cambiarán irremediablemente a esos ecosistemas y sus especies. Por el contrario, MiAMBIENTE debe darle prioridad a la adecuación de las condiciones científicas, técnicas y legales que permitan tomar las mejores decisiones para la sostenibilidad de la biodiversidad y servicios ambientales que brindan los Manglares de David.
