Manifiesto de las Organizaciones Sociales y Populares de Panamá

¿Por qué es necesario un cambio en la gestión del territorio de la antiguas Zona del Canal de Panamá?

0
401

Un territorio recuperado: ¿Para quién?

La recuperación del territorio denominado antiguamente como zona del canal de Panamá el 31 de diciembre de 1999, aparece históricamente como el desenlace de la gesta gloriosa del 9 de enero de 1964. Sin embargo, lo que se vislumbraba como culminación de un proceso de varias generaciones, se encontró con una realidad no deseada por ninguno de los mártires que ofrendaron su vida por la descolonización de la zona de tránsito ni por ese pueblo que asumió la lucha patriótica ni por esa parte del pueblo que votó favorablemente por aprobar los tratados Torrijos-Carter o de aquellos sectores del pueblo quienes convocaron a votar por el no desde una posición patriótica, la realidad ha sido otra cosa diametralmente distinta, cuyo giro brutal se encuentra en la brutal e injustificable invasión norteamericana del 20 de diciembre de 1989. Con la excusa de derribar a un “dictador” criado y protegido por el propio imperio norteamericano por mucho tiempo, se establecieron las bases para la conformación de un estado en el que se pudieran desenvolver a sus anchas, los sectores propietarios del gran capital nacional e internacional, particularmente los vinculados a los sectores comerciales y financieros transnacionales.

La nueva configuración de este Estado se caracterizó por la implantación de un modelo económico social e ideológico conocido como neoliberal, mismo que opera aniquilando las posibilidades de que las relaciones de mercado puedan ser reguladas para que beneficien al pueblo, incluido el desmantelamiento de las fuerzas sociales capaces de incidir en medidas favorables a la población trabajadora. Ya hemos visto y sufrido su accionar en la destrucción o cuando menos decaimiento de las instituciones que deberían tener la responsabilidad de fomentar la protección social de los sectores populares: La puesta en desventaja a los trabajadores en las relaciones laborales con las sucesivas modificaciones o aplicaciones de normas que favorecen a los dueños del capital privado; el abandono de la producción en el campo que pudiera garantizar la soberanía alimentaria; el desamparo de la población trabajadora en el ámbito de las pensiones por vejez; el deterioro creciente de las condiciones de las mujeres en el triple plano doméstico, laboral y estudiantil; la ampliación de la desigualdad educativa, en posesión de activos, en atención de salud, etc., entre los propietarios del gran capital y el resto de la población; todo esto como parte de las políticas llevadas a cabo por los gobiernos mal llamados democráticos con partidos políticos de distintas denominaciones pero siguiendo este mismo modelo de manera rigurosa, gracias a la invasión de 1989.

Sí, se ha recuperado un territorio que mantenía una colonia en medio del país, pero el pueblo ha sido excluido de sus beneficios. Ello sin negar que a 58 años de la gesta gloriosa del 9 de enero persisten sectores que siguen justificando, so pretexto de la defensa del canal, la presencia de bases militares norteamericanas o bases encubiertas en nuestro país, en lugar del uso social de esos territorios.

¿A quién sirve el canal de Panamá?

Sabemos que la mayor parte de las multimillonarias ganancias del canal de Panamá, les son arrebatadas a su legítimo dueño que es el pueblo panameño, desde dos ámbitos de gestión principales, uno desde el tesoro público gestionado por gobierno central y el otro, desde el ámbito propio de la gestión de los bienes revertidos por los tratados Torrijos-Carter, en la que la Junta directiva del canal tiene su mayor influencia.

Así, mientras una parte de los dividendos del Canal de Panamá pasa al gobierno central, los que ejercen el poder aplicando el modelo neoliberal no demuestran el menor interés por hacer que tales beneficios sirvan para el desarrollo de las capacidades de la población. Esto, sin mencionar las acciones conocidas de danza de millones por actos de corrupción que quedan en la impunidad y que se han dado en todas las administraciones gubernamentales del “período democrático”. Las políticas de subsidios a las empresas se llevan buena parte de esta tajada.

Pero lo más relevante aquí es que todos estos millones que han entrado al tesoro público, han servido como una especie de colchón a los impuestos irrisorios que deben pagar los dueños del gran capital, sobre todo cuando son transnacionales o también, a los impuestos que deben pagar estos empresarios privados y que evaden sin que se les sancione ejemplarmente. Es decir, los grandes préstamos han tenido como garantía la solvencia que le otorga el canal al Estado; pero estos préstamos que nos toca pagar a varias generaciones de panameños/as, son injustificables si la política hubiera sido otra, por ejemplo, la de hacer que los ricos paguen sus impuestos, los cuales se estimaban en alrededor de 12 mil millones en los últimos cuatro años previo a la pandemia. Los aportes del canal, que es de toda la población panameña, no tienen por qué ser el reemplazo de los aportes que dejan de hacer los multimillonarios con empresas en este país.

El otro ámbito es el de la gestión que hace directamente la Junta Directiva del canal y la Unidad Administradora de Bienes Revertidos (UABR) que se ha convertido en la agencia de bienes raíces, haciendo del territorio rescatado cualquier cosa menos el “uso más colectivo posible” de los bienes de toda la población del país.

La antigua base aérea de Howard fue entregada a una corporación de Bienes y Raíces inglesa, hoy uno de los nuevos enclaves. London Regional, concentra las riquezas de Howard, destruyendo la naturaleza para proyectos inmobiliarios; además de que están empeñados en no dejar vestigios que permitan hacer memoria de que esta base fue la punta de lanza de la mayoría de las invasiones e intervenciones militares en países hermanos de Latinoamérica y el Caribe durante el siglo XX.

London Regional, vende la tierra, desarrolla proyectos inmobiliarios al margen del Plan de Desarrollo consensuado en la ley 21, la cual es el Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de la región interoceánica.

Se vendieron y deforestaron 8.5 hectáreas a un grupo importador de vehículos a motor, pertenecientes a las áreas de operación del canal: Estas fueron traspasada al grupo silaba.

La Junta Directiva desestimó 182 hectáreas del área de operación del canal para transferírselas a la UABR (Grandes bienes raíces del Estado) que ya sabemos la entrega a dueños de capitales privados. Ello evidencia que el poder económico insiste en sustituir un enclave por otro.

Lo que pudiera ser la acumulación social de esta parte de las ganancias de los bienes y servicios generados por la ex zona del canal, ha servido para pecunio particular de los que han llegado a dirigirlo desde 1990. Sin duda, para que esto cambie, habrá que cambiar el Estado, no solamente las figuras gubernamentales; pero dentro de esto, los despojos mencionados anteriormente se han dado con el visto bueno de los miembros de la junta directiva.

NECESIDAD DE INTEGRAR A REPRESENTANTES DE SECTORES POPULARES EN LA JUNTA DIRECTIVA DEL CANAL DE PANAMÁ

La Junta directiva de nuestra usurpada empresa canalera, está representando al sector empresarial privado. Hoy, nueve de los once miembros que componen la junta directiva, son empresarios, el resto piensa como ellos.

En tal sentido, se trata de una estructura que favorece claramente a que las decisiones que se den respecto de las políticas sociales, ambientales y económicas del canal y su territorio adscrito, sean dadas por representantes del gran capital nacional y de los grandes capitales internacionales vinculados al comercio y el transporte marítimo mundial. Mientras no se modifiquen las reglas establecidas constitucionalmente, esta realidad parece tener pocas probabilidades de transformarse. Pero si un elemento distinto a actores empresariales privados es ingresado, el resultado del accionar podría modificarse en alguna medida.

Por lo tanto, la lucha para que los sectores populares estemos representados en esa junta directiva no es una propuesta descabellada, todo lo contrario, es un deber ético y cívico para ponerle frenos a las políticas neoliberales que se practican en la gestión del canal de Panamá.

Por lo anteriormente dicho, se hace imperante un frente de lucha con tales propósitos, de dónde surjan hombres y mujeres con un perfil de compromiso con intereses populares, en aras de alcanzar la independencia y soberanía total de nuestro territorio, éticamente probados y sentido de política pública que ponga la gestión de tan importante recurso nacional en función del desarrollo auténtico de la población panameña y no esta en función del canal y sus actuales beneficiarios privados.

Suscriben el contenido de este documento:

ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES DEL ÁREA DEL CANAL (ACAC).

COALICIÓN UNIFICADA POR COLÓN (CUCO).

FRENTE NACIONAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES (FRENADESO).

CENTRAL NACIONAL DE TRABAJADORES DE PANAMÁ (CNTP.

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PROFESIONALES (FEDAP).

FRENTE AMPLIO Colonense.

ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ (APUDEP).

COLECTIVO PANAMEÑO POR UN FUTURO MEJOR.

VANGUARDIA TORRIJISTA.

MOVIMIENTO INDEPENDIENTE NACIONALISTA (MINA).

COLECTIVO RIATA.

UNIÓN NACIONAL DE MUJERES DE PANAMÁ (UNAMUP).

MOVIMIENTO ANTI-CORRUPCIÓN DE VERAGUAS (MOVAVE).

MOVIMIENTO DE CIUDADANÍA VERAGÜENSE DE ACCIÓN TRANSFORMADORA (MOCIVAT).

JUVENTUDES REVOLUCIONARIAS.

MOVIMIENTO SOCIAL POR LA PATRIA.

COLECTIVO BAYANO.

PERIÓDICO CONSTITUYENTE.

ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ (ASOPROF).

COLECTIVO POLO CIUDADANO.

Además, cuenta con el respaldo institucional del CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ y otras organizaciones nacionales y regionales y provinciales.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here