En un contrasentido total, los pueblos vienen soportando todo tipo de atropellos y violaciones a sus derechos elementales. Lo más grave, es que las propias instituciones del Estado los abusan e ignoran, siendo que su deber es protegerlos.
Para algunos grupos y personas, el pueblo debe seguir cargando cada día con sus abusos y con una desigualdad criminal, siendo que es el pueblo el que genera toda riqueza.
Bancos y empresas que prestan servicios esenciales cobran lo que les viene en ganas, de acuerdo con su insaciable voracidad y no responden por daños que causan en la prestación de sus servicios o por ventas de productos dañados.
En países de América Latina, sólo luego de multitudinarias protestas de calle, se ha logrado que, por ejemplo, empresas transnacionales de energía eléctrica hayan sido expulsadas del país por su pésimo servicio y daños causados a los sufridos y cautivos usuarios.
Nada ni nadie puede o se atreve a defender los derechos del pueblo ante la incapacidad e irresponsabilidad o por privilegios que les concede una sociedad y organismos indolentes del Estado.
Existe una especie de patente de corso que genera un blindaje absurdo a estos abusadores que hasta la Educación y la Salud la consideran un negocio como cualquier otro.
Resulta indignante como instituciones y funcionarios públicos atentan contra los escaso patrimonios de la mayoría de la población que ya viene esquilmada con salarios de hambre, cuya plusvalía enriquece los bolsillos de tantos supuestos empresarios o contratantes de mano de obra, u otros trabajos, que se aprovechan de la situación.
Todos esos ingredientes se van sumando a una situación mundial que exige justicia y equidad antes de que sea demasiado tarde.