Los ineludibles electorales

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Por Antonio Saldaña
Abogado y analista político

El principal objetivo de los votantes el 5 de mayo y el acto supremo de conciencia nacional, es arrebatar a los delincuentes de cuello blanco el poder de la República.

El sábado 3 de febrero de 2024 se inicia la campaña (proselitismo político) electoral, proceso que debe culminar el 5 de mayo del presente año con las elecciones generales donde serán elegidos el presidente y vicepresidente de la República, 20 diputados al PARLACEN, 71 diputados a la Asamblea Nacional, 81 alcaldes de distrito, 702 Representantes de Corregimiento y 11 Concejales; todos los cargos con sus respectivos suplentes. Como se puede observar a simple vista, es una abultada burocracia surgida de las urnas, para un pequeño país de apenas 4,2 millones de habitantes y 3,2 electores.

Este torneo político se encuentra con 10 problemas del país que han hecho crisis y, por consiguiente, no se pueden soslayar del debate electoral, es decir, en lugar del acostumbrado “pan y circo” de la “clase política” tradicional, la “oferta electoral” debe presentar a los votantes el qué y el cómo van atender estos temas muy sentidos por la mayoría de la población.

Estos son los aspectos erróneamente denominados como “imponderables” políticos, entre los cuales se encuentran el tema del agua en sus aspectos estructurales, cuencas hídricas y el IDAAN y, el coyuntural, la construcción de un reservorio o represa de agua para el Canal de Panamá y el uso de consumo humano del área metropolitana. El sistema de recolección, reciclaje, disposición de los desechos sólidos y su industrialización. Atención al programa de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS). El cierre de la mina de Cobre de FQM. La generación de empleos decentes. La corrupción pública y privada. La crisis de la seguridad pública, seguridad ciudadana y seguridad humana. La Reforma Educativa, la transformación del sistema de salud y la construcción de infraestructura vial.

El agua en nuestro país es todavía un recurso natural abundante. Pero en los próximos decenios se convertirá en problema vital y existencial para la raza humana. Aquí y ahora, los panameños debemos abocarnos a resolver dos aspectos de ese problema. El primero, es el de adoptar las medidas legislativas para que la Autoridad del Canal de Panamá, pueda construir el “reservorio de agua en la Cuenca hidrográfica de Río Indio”, cuyo costo total es de 900 millones de balboas, comparado con traer agua de Bayano es 2.000 millones menos. El segundo, es un “problema de origen” (estructural y transversal), se trata de crear una nueva institución, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), mediante un nuevo título constitucional, para reemplazar el anacrónico IDAAN y manejar todo el tema hídrico.

El problema de la basura, el IVM, la generación de empleos, la transformación de los sistemas de educación y de salud pública, resultarán, sobre todo, de la voluntad política y capacidad de los gobernantes que sean electos, dispuestos a hacer las cosas bien. Pero, dependerá, sin duda, del ataque frontal de dos males endémicos que afectan todas las esferas de la vida de los panameños, esto es, la seguridad pública y la corrupción.

La seguridad ciudadana o seguridad humana es un tema extremadamente importante para dejarlo en manos de instituciones policivas corroídas por el cohecho. En este sentido, el nuevo gobierno debe adoptar dos medidas concretas inmediatas: El ministro de Seguridad y los jefes de los servicios de policías deben estar a cargo de profesionales civiles con experticias en seguridad pública, seguridad ciudadana y seguridad humana. Segundo, la nueva administración debe adoptar las iniciativas legislativas pertinentes a objeto de devolver la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) al Ministerio Público.

Finalmente, la corrupción pública que se realiza con el concurso o por iniciativa de la empresa privada debe ser erradicada, por lo que es imprescindible legislar para que los delitos de corrupción no prescriban, en el entendimiento que se trata de un “delito de cuello blanco”, el ministerio público y el Órgano Judicial deben actuar con entera independencia.

¡Así de sencilla es la cosa!

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