Por Arnoldo Videla
Economista
Son dos proyectos de ley que marcarán la ruta de la corrección o la ruta de la corrupción en Panamá. En ello, se prevé la entrega de recursos panameños, ya sea a empresas nacionales o extranjeras, a cambio de una oferta de empleo para nacionales y trabajadores centroamericanos.
Hechos recientes registrados en este país revelan que los contratos ley, como el de Petaquilla, BANAPIÑA en el del distrito del Barú, y otros, están diseñados para dejar a los panameños un mínimo de beneficios, ya sean económicos o financieros, mientras que los grupos que conocen los privilegios quedan mejor parados.
Ese estilo de proyecto, rebatido en otros países de la región, se distingue por dejar costos que debe asumir o en los que deberá incurrir el Estado. Esa observación está descrita y sustentada en documentos y artículos de denuncia y análisis poco divulgados y/o subestimados por gobiernos pasados y lectores de medios que siguen con interés los enfoques de la realidad económica.
Sin duda, los contratos concretados con el Estado son documentos complejos, multidisciplinarios, polémicos y tediosos, cuyo contenido conceptual suele ser de difícil comprensión para la mayoría de los ciudadanos.
De hecho, en los últimos meses, han sido visibilizados por los medios locales al menos una decena de contratos ley que el llamado “Buen Gobierno” prometió revisar en forma rigurosa. Este tema debería atraer un mayor interés público.
Todo ello ocurre mientras algunos diputados presumiblemente independientes intentan pasar a primer debate el proyecto ley de las Asociaciones Público Privadas (APPs), que genera inquietud y suspicacia entre la clase trabajadora, debido a que es un asunto que se inserta en el debate de la privatización en la esfera regional.
Con cautela, ha de ser visto primero el proyecto de ley de contrataciones públicas y después, acertadamente, revisar la propuesta de ley de APPs, que lo sindicatos han puesto bajo una inmensa lupa, en defensa del interés nacional.
Amanecerá y veremos qué calidad de leyes se promulgarán los parlamentarios. Ello deberá orientar el debate sobre el interés público real o leyes que tendrán triquiñuelas y vacíos para seguir frustrantemente con “lo mismo” de otras administraciones.
