Ley 406: entre ”consulta popular” y derogación

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Manifestantes repelidos frente al Palacio Legislativo.

Por Antonio Saldaña
Abogado y analista político

Aunque durante dos semanas los panameños de todas las edades se pronunciaron en las calles de la República y su veredicto popular es un rechazo absoluto a la minería a cielo abierto, el dictamen del “constituyente originario” oscila en dos opciones institucionales, que no son contradictorias entre sí: por un lado, hay quienes se inclinan por un Fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ante seis (6) recursos de inconstitucionalidad ya admitidos; mientras, otros ciudadanos proclaman la derogación de la Ley que da vida jurídica al Contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá, S.A., filial de la transnacional minería First Quantum Minerals (FQM).

Sin embargo, en su infeliz postrimería, el gobierno introdujo una iniciativa legislativa: el Proyecto de Ley que convoca a una “Consulta Popular”, como una especie de jugarreta política más, para procurar mantener, a como de lugar, la imposición de la actividad cuprífera en el istmo de Panamá, particularmente, la empresa minera transnacional FQM.

A éste, el más reciente desacierto político de la administración del presidente Laurentino Cortizo Cohen, se opone el pueblo en las calles, le han visto varios inconvenientes los magistrados del Tribunal Electoral y presenta visos de inconstitucionalidad, según opinaron algunos abogados. Dicha propuesta de Ley fue aprobada en primer debate de la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, el 31 de octubre (Día de las Brujas) en una dividida votación de 5 a 4.

¿Qué puede ocurrir?

Que sean desechadas las iniciativas legislativas de algunos diputados que presentaron un Anteproyecto de Ley para subrogar el Contrato-Ley 406 y, en su lugar, se aprobado el Proyecto de Ley de moratoria minera presentado por el Ejecutivo, al cual se le agregó una modificación por parte de los diputados que deroga la ley del contrato minero entre la República y Minera Panamá. Adicionalmente, que también sea aprobada la iniciativa legislativa del Ejecutivo por la cual se convoca a la “consulta popular”.

Ocurre que por el procedimiento legal, para su entrada en vigencia, las leyes aprobadas por el Órgano Legislativo deben ser sancionadas por el señor presidente de la República y publicadas en la Gaceta Oficial. Pero, se podría dar la desvergonzada ocasión para que el mandatario del país, sancionara la Ley de la “Consulta Popular” e ignorara la Ley de moratoria minera modificada con el artículo derogatorio de la Ley 406 o sancionara parcialmente esta última, vetando el artículo añadido en Primer Debate por los diputados de la Asamblea Nacional.

Protesta antiminera en el ámbito parlamentario.

Esa temeraria acción gubernamental prolongaría la insufrible crisis política, económica e institucional que vive el país, hasta el 17 de diciembre, día del veredicto ciudadano en las urnas. El caso es que prologar el conflicto —pueblo versus gobierno— por mes y medio más, es sencillamente, acabar con la Nación. Tampoco es conveniente para concluir la crisis, la incertidumbre y el desasosiego que reina en la sociedad panameña, esperar un Fallo de la CSJ, que en el plazo más breve, se podría estar dando a principio del mes de febrero del próximo año.

De manera que la sensatez política indica que la única forma de volver a la tranquilidad y sosiego nacional en forma inmediata, es aprobando una Ley de moratoria minera retroactiva, otra norma derogando la Ley 406 y una tercera iniciativa legislativa para indemnizar a las víctimas causadas por del Estado, en conflictos contra la minería a cielo abierto.

Quienes tienen aprehensiones por la vía jurídica de la derogación de la Ley 406 por la cual se aprobó el Contrato del Estado con minera Panamá, y esgrimen el argumento de que la República sería demandada por FQM a un arbitraje internacional el cual le causaría una impagable deuda multimillonaria, simplemente los remitimos a la cláusula CUADRAGÉSIMA OCTAVA, numeral 4, acápite D, de EL CONTRATO, entre el Estado panameño y Minera Panamá, filial de la transnacional minera First Quantum Minerals (FQM).

Coloquialmente hablando, “a grandes males grandes remedios”.

¡Así de sencilla es la cosa!

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