Por Antonio Saldaña
Abogado y analista político
Prevenido por un escrito del doctor Rodrigo Noriega, publicado en el diario La Prensa, el 10 de junio de 2022, conocí dos actos pocas veces o en ninguna ocasión escenificados —en la historia política panameña—, que se puedan caracterizar como deleznable simultaneidad de traición a la Patria, a la nación y al pueblo, a partir de la aprobación por la Asamblea Nacional y la sanción por el presidente de la República de leyes a las que me refiero en este artículo.
En efecto, luego de una larga lucha —durante 32 años— del “Movimiento por los caídos del 20 de diciembre de 1989”, finalmente fue aprobada en el Órgano Legislativo la Ley 291, de 31 de marzo de 2022, “Que adopta medidas de concientización nacional sobre el 20 de diciembre de 1989”, publicada en la Gaceta Oficial número 29507-B, del jueves 31 de marzo de 2022.
Excerta legal que en sus aspectos pertinentes señala lo siguiente: “Artículo 1. Se declara el 20 de diciembre de cada año como día de duelo nacional con motivo de la conmemoración de los caídos del 20 de diciembre…” Artículo 6. El Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República en el marco del levantamiento del próximo Censo Nacional, levantará la estadística de cuántos panameños perecieron con motivo de los actos de la invasión del 20 de diciembre de 1989”.
¿Qué sucedió en la AN y fue sancionado por el presidente Laurentino Cortizo?
En el segundo debate del proyecto de Ley 822, hoy Ley 306 de 1 de junio de 2022, “Que establece medidas tributarias para los procesos concursales de insolvencia y reorganización conciliada y se dicta otra disposición”. Se introdujo “otra disposición” muy distante del técnico-tributario, es decir, el popularmente conocido “camarón legislativo”, contentivo de dos artículos, conforme lo dispone la técnica legislativa. “Artículo 3. Se deroga el artículo 6 de la Ley 291 de 2022” y el “Artículo 5. La presente Ley deroga el Artículo 6, de la Ley 291 de 31 de marzo de 2022“.
Quienes hemos paricitipado en la lucha para rescatar la memoria de los “caídos del 20 de diciembre de 1989″, tuvimos como “norte”, no sólo honrar su heroísmo y martirologio; sino saber el número de las victimas para poder acusar en propiedad al Estado norteamericano del genocidio perpetrado con la agresión militar del 20 de diciembre de 1989. De modo que este acto de traición a la Patria, a la Nación y al pueblo, este último; en su acepción de “plebs”, corresponde por igual a los 71 diputados de la Asamblea Nacional y al presidente de la República.
Toca nuevamente al pueblo enarbolar la bandera de lucha por la nacionalidad panameña, para restituir la esencia de la Ley que consagra la conmemoración del 20 de diciembre de 1989. Esto es, la genuina aspiración nacional patriótica y popular de poder contar y enterrar en santa paz a nuestros muertos.
¡Así de sencilla es la cosa!
