Por Roberto Pinnock
Sociólogo y catedrático universitario
Por lo dicho en la primera parte de esta reflexión, en países como los nuestros, la protección social aplicada, difícilmente incluirá medidas que contravengan las ganancias exorbitantes de las élites económicas locales, frecuentemente asociadas -o rentablemente sometidas- a los dueños del capital financiero internacional.
He aquí, entonces, que el tipo de relación social que se impone incluye como factor de alta significación, a los magnates del capital financiero internacional. Las condiciones que estos nos imponen como país, tienen sus efectos directos e indirectos en el cumplimiento del derecho a la salud o de cualquier otro. Aquí, todos estos derechos se ejercitan después de cumplir con los “servicios de la deuda”, de forma tal que los servicios sanitarios, la consecución de medicamentos e insumos médicos, la oferta pública escolar, la protección ambiental y otros, se ven reducidos en calidad o en volumen o en ambos, por las limitadas riquezas que dejan disponibles los agiotistas internacionales ”apandillados” en las IFIS, después del “servicio de la deuda” o del subsidio a sus grandes empresas (Sanjee, Gupta, et., al., 2017, en: Social sciences and medicine, No.199).
En recientes estudios en países del África occidental, se averiguó que cada condición adicional, cada medida impuesta por los banqueros del FMI, cuando conceden los empréstitos a los Gobiernos, “reducen el gasto público en salud per cápita en un 0,25 %” (Stubbs, et al., 2017).
El proceso velado o abierto de privatización que suponen tales programas condicionados, llevan a que la población incurra en mayores costos para su propia protección social. Un modelo de simulación de 20 países africanos, que emplean tarifas de usuarios para la salud concluyó que “la abolición de las tarifas podría prevenir 233 mil muertes de menores de cinco años o el 6.3 % de esas muertes en este entorno” (Tomson, et. al., 2017. en: Public Health Reviews, 38). Lo llamativo es que, el hecho socio-sanitario que se estudió para los países de África, confirma su replicación en Europa, Norte América y América Latina.
En Panamá, la tasa de mortalidad general se redujo de 7.3 muertes por cada mil habitantes en 1962 a cuatro muertes por cada mil habitantes en 1982. A partir de aquí, cuando inician los préstamos condicionados a aplicarse de manera creciente, el resultado de la protección social en salud se deteriora, aumentando la tasa de mortalidad-similar con la pobreza-a 5.7 en el 2021, por encarecerse esta protección social (INEC, 2022).
En esencia, el problema aquí es, que los condicionamientos de los agiotistas internacionales no admiten, de ninguna manera, cualquiera de las tres alternativas siguientes: 1) Que se priorice el gasto en el ejercicio de derechos económicos y sociales por encima del cumplimiento del pago de la deuda externa o de la exuberante tasa de sus ganancias de las corporaciones que protegen, 2) Que los programas de “protección social” fomenten inversiones dirigidas a generar capital económico para la población trabajadora en general. Por ejemplo, no admiten que el programa de IVM de la CSS invierta en proyectos rentables como los del colectivo de viviendas o los de telecomunicaciones de fibra óptica o los servicios portuarios.
Finalmente, los grupos del poder financiero mundial tampoco admiten 3) Que la “protección social” tenga como premisa y alcance a los individuos, por mecanismos solidarios o engrosando su capital social (poder asociativo).
De aquí, su insistencia en que se impulsen los programas de pensiones laborales de cuentas individuales. De aquí, los parasitarios programas de “transferencias monetarias condicionadas”, tan alabados por las IFIS, que sirven para que los oligopolios comerciales tengan a los “beneficiarios” como sus consumidores cautivos; esto, antes que el equipamiento de comedores escolares o fomentar las tutorías escolares públicas, o fomentar el cooperativismo escolar, en vez del inalcanzable sueño de enriquecerse con el “emprendurismo individual”. Todo esto, antes que equipar todos los centros de salud ampliando, ampliar significativamente la oferta de personal de salud, o potenciar a los comités de salud o laboratorios de producción de productos farmacéuticos, que controle la avaricia de los oligopolios de medicamentos.
He aquí, las principales trampas de los mal llamados programas de protección social. Mientras los criterios ideológicos (neo)liberales primen en los que detenten poder estatal, favoreciendo los intereses del capital privado sin función social (individualistas), no habrá protección social orientada a pulverizar las desigualdades y pobreza que la demagogia de las élites dicen anhelar.
