más dudas que certezas
Por Julio Bermúdez Valdés
No por sorpresivas, sino por graves, las declaraciones recientes de la procuradora Kenia Porcel levantan un manto de interrogantes que repercuten en la gestión del gobierno que preside el ingeniero Juan Carlos Varela. Ha dicho la titular del Ministerio Público que por lo menos cinco casos de alto perfil, sin decir cuáles, podrían quedar en la impunidad dada las presiones que distintos sectores ejercen contra esa institución.
Lo de las presiones es nuevo en el lenguaje de la procuradora. Hasta ahora, tras las demandas de justicia de la sociedad civil, Porcell siempre aclaró que las pesquisas se adelantaban y que los casos eran complejos, pero que esa entidad realizaba su trabajo. Salvo los del caso Odebrecht, que se han hecho presentes desde 2016 hasta la fecha, los relacionados con la administración Martinelli se investigan desde enero de 2015, y salvo el del ex jefe policial Gustavo Pérez, todos los demás siguen sin conclusión.
Los de Odebrecht fueron conocidos tras denuncias internacionales que han repercutido en lo nacional, mientras que sobre los demás casos hay interrogantes sobre la veracidad de las acusaciones o la incapacidad de los administradores de justicia. Resulta sorprendente que las declaraciones de la procuradora Porcell se produzcan en ese contexto, y en instantes en que una magistrada propuesta y defendida en su postulación por el gobierno del presidente Varela, Ángela Russo de Cedeño, sea precisamente la que desestime el caso del ex ministro José Raúl Mulino, por faltas de la fiscal al debido proceso y al incumplimiento de los tiempos estipulados por la ley.
Y lo de los tiempos es, según juristas locales, por decir lo menos, una de tantas fallas detectadas en el manejo de ese expediente. Están también las consideraciones para la aplicación de medidas cautelares que, para algunos juristas, igualmente, han sido aplicadas en forma incorrecta en otros casos. En el de Mulino, hubo señalamientos de irregularidades que pusieron en duda la probidad de la empresa italiana FINMECANICA, la misma con la que el actual gobierno llegó a acuerdos en los que ha faltado una divulgación total.
Así que, si desde 2015 los acusados de la anterior administración han estado contra la pared, lo que sugiere eliminarlos de los grupos de presión, entonces ¿quiénes presionan? Incluso en el último mes hubo cuatro conducidos del pasado gobierno en lo que parece una nueva ola de detenciones. Otros están escondidos o en el autoexilio y otros, como el ex presidente Martinelli, detenido en Estados Unidos. Bien haría la procuradora Porcell en decir a la Nación de dónde vienen las presiones a las que ha aludido, porque una cosa es cierta, la impunidad no puede tener espacios en las gestiones de un Ministerio Público que ha recibido del actual gobierno todo el apoyo económico y el respaldo para actuar en independencia.
¿Qué mensaje o a quién lo está enviando a la señora procuradora, cuando le dice a la opinión pública “los fiscales están siendo amenazados”? Además, omite el nombre de los fiscales, el señalamiento de los casos y el nombre de los que presionan. Pareciera haber dos destinarios: los que presionan, para que sepan que podrían ser denunciados, que de ser así sería una consideración extraña, porque se supone que con los que delinquen no se negocia; y otra, la comunidad nacional para que sepa que en caso de que el Ministerio Público no cumpla su obligación, será debido a las presiones en cuestión. Tanto el silencio, como la omisión, dan paso a una serie de especulaciones que hace más daño al Ministerio Publico que la cobertura que le ofrece. Y dejan muy mal a la administración Varela en los esfuerzos anticorrupción, en los que pareció comprometerse desde el día uno de su gestión.
