La verdad de los contratos de Finmeccanica
Por Balbina Herrera
El 30 de junio de 2010 fue firmado un memorándum de entendimiento en materia de seguridad entre Panamá e Italia, cuyo objetivo fundamental era la creación de un sistema integrado de seguridad para prevenir el narcotráfico, actividades terroristas, inmigración ilegal, misiones de búsqueda y rescate, entre otras.
Esa firma se hizo con gran entusiasmo, pero el más alegre era el presidente Ricardo Martinelli Berrocal (RMB), ya que sus raíces paternas son italianas. Estaba orgulloso; era un acuerdo comercial con el país de sus ancestros.
Como ciudadana y dirigente preocupada por el tema de seguridad, sentí satisfacción por la promesa de abordar una tarea pendiente de varios gobiernos que afecta a todos los sectores de la sociedad, primordialmente a jóvenes que no llegan a los 30 años de edad, a causa de la violencia que los conduce a los cementerios.
Hubo una promesa, de construir cárceles modulares que ayudarían a resolver el hacinamiento de más de 12 mil privados de libertad en el ámbito nacional. ¿Cómo no alegrarnos, cuando se anunció la construcción de un hospital pediátrico en Santiago de Veraguas?, Ser parte de la oposición al gobierno de RMB, no significa que desconociese la magnitud de ese proyecto.
Del ese acuerdo firmado, salieron tres contratos por un monto anunciado de 333 millones de dólares: uno con Augusta SPA, por los helicópteros, otro con Telespazio Argentina, por la cartografia y vigilancia electrónica, y otro con Selex, que tiene que ver con los radares, Esas tres compañías están vinculadas con Finmeccanica. Citibank Europa era quien financiaba el proyecto. Además, el memorándum resaltaba la construcción de cárceles modulares.
Salimos a cuestionar el alto costo de los radares, al ser comprados con los adquiridos por Yemen, Turquía y Libia. Allá estaba por el orden de 3 millones de dólares por radar. En Panamá, los 19 radares fueron cotizados en 125 millones de dólares, es decir, cada uno tuvo un precio de 23 millones de dólares. En Costa Rica, el mapa digital tuvo un costo 3 millones, pero en Panamá alcanzó los 21 millones. No sólo se denunció el costo, sino que apareció en los medios internacionales, que Finmeccanica fue acusada en tribunales italianos, por sobrecosto, sobornos, corrupción y de usar fondo oculto para hacer regalos a consultores, funcionarios, partidos políticos y empresarios, por la adjudicación de contratos.
Por ese escándalo, en Italia, obligaron a renunciar al presidente de Finmeccanica, a la presidenta de Selex y detuvieron al responsable de contabilidad. Salieron a la luz pública en Panamá los nombres de Valter Lavitola y Gustavo Franchella. Lavitola estaba muy cerca del Palacio Presidencial, como intermediario entre ambos países. Se filtró la información de que era protegido por el Servicio de Protección Institucional (SPI). Además, vivía cerca de la Presidencia de la República e iba a reuniones en los ministerios. Era atendido como un huésped de honor y fue visto en fotos con gran parte del Consejo de Gabinete y con Martinelli.
Gustavo Franchella es especialista en contrataciones públicas. Salió en los medios, confirmando que el cobro del 10% de la operación era para agilizar los contratos, y que se desempeñaba como el presidente y único responsable de Agafia corp. Los ministros José Raúl Mulino, José Suárez y Roxana Méndez, negaron el costo total del proyecto y adujeron que los contratos eran de estricta confidencialidad. Sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas se vio obligado a decir el costo real del proyecto, que era de 330 millones de dólares. Afirmó que eran unos 281 millones de dólares, y el presidente RMB indicó que el gobierno italiano mandaría una nota para explicar que lo realizado era trasparente y correcto.
La carta que llegó fue de la empresa Finmeccanica. Diría que sus filiales hicieron las cosas bien. ¿Cómo pretender que quien vendió certificase lo contrario? ¡Qué papelón hizo entonces el presidente!
El 3 de diciembre me encontré en un hotel de la localidad con Mauro Velocci. Era la primera vez que lo veía. Me dijo que había seguido mis declaraciones en los medios de comunicación, sobre los contratos de Finmeccanica. Preguntó: ¿cómo es posible que Panamá no cuestione sobre el proyecto de cárceles modulares?, Explicó algunos detalles y me entregó unos documentos y un USB. “Sé que le darás un buen uso para que Panamá sepa lo que está pasando. Sé que tú no lo vas a entregar al gobierno”, recalcó. La forma en que habló, indicaba que sabía mucho al respecto.
Nos despedimos. Velocci salió esa misma noche para Italia. Yo fui a reproducir los documentos. Me comuniqué con la Dirección del Partido Revolucionario Democrático (PRD): Mítchell Doens y Francisco Sánchez Cárdenas. No puedo olvidar que en cada lectura de esos documentos hubo una sensación de molestia, dolor, sorpresa, indignación, al constatar cómo una persona sin vínculos con nuestro país se inmiscuía, como si de su casa se tratara, dando órdenes en ministerios e instituciones, presionando para ser cónsul de Panamá en Italia. Enviamos los documentos a varias sedes diplomáticas y asumimos la responsabilidad y la difícil decisión de hacerlos públicos, por lo grave de las evidencias. Actué con la convicción de que hacia lo correcto.
