Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionista público
Todo contexto de adversidad o de incertidumbre tiene tres elementos claves: un inicio, un final y un aprendizaje.
En el caso de la pandemia que azota a los panameños y a los ciudadanos del mundo, hay que destacar un hecho importante: la proliferación de contagios con el virus causante de la enfermedad fue atendida en diversas formas alrededor del mundo.
En poco tiempo se conocerán los resultados de cada enfoque epidemiológico, con la secuela de contagiados y muertos.
Las autoridades de Salud de Panamá enfocaron la lucha contra ese flagelo sobre la base de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los profesionales de este sector asumieron con dedicación el esfuerzo de salvar vidas y aplanar la curva de casos registrados en todo el país.
Sin embargo, es necesario señalar que esa situación inédita, que afecta a todos sin distingo de color de piel o estatus económico, se ha convertido también en una oportunidad para individuos sin escrupulosos, que solamente se fijaron en la pandemia para proponer negocios millonarios a costa de los recursos del Estado destinados a enfrentar la emergencia sanitaria.
Tras el período de cuarentena impuesta por el gobierno, hay que pedir que sean desenmascarados aquellos que intentaron esquilmar los fondos de la Caja de Seguro Social (CSS) mediante la contratación de un servicio por 168 millones de dólares para robotizar la distribución de medicinas en depósitos e instalaciones farmacéuticas. Ese propósito está en pie. Solamente ha sido suspendido temporalmente, debido a la intensa presión popular ejercida a través de los medios y las redes sociales.
La falta de transparencia y los intentos de comprar ventiladores de uso hospitalario a precios exorbitantes, provocaron la salida estrepitosa de un viceministro de Estado. Ese escándalo es reconocido por los ciudadanos como otra manera de saquear los fondos públicos, aprovechándose de la pandemia.
Asimismo, la decisión de centrar la compra de equipos médicos en el Ministerio de la Presidencia, convirtiéndolo en un foco de corrupción, fue un craso error político, al igual que declarar una ley seca. Todo ello ha contribuido a empañar la imagen del gobierno del presidente Laurentino Cortizo, que debe encontrar fórmulas para enfrentar la drástica caída del empleo en el ámbito nacional.
El vaso que derramó la jarra de la confianza púbica ha sido la propuesta del vocero del director de la Caja de Seguro Social, quien, actuando como un testaferro, desató el miedo y encendió la alarma entre los asegurados a través de una serie de argumentos fatalistas, con el objetivo de negociar la venta de activos de esa institución. Es bien conocida la experiencia en bienes raíces de este director, cuando laboraba en la Universidad de Panamá.
Generar la incertidumbre entre jubilados, haciendo propuestas con intereses dudosos para “salvar” el sistema de pensiones, no es propio de gente con principios. La solución a los problemas de los jubilados ha sido planteada insistentemente por los trabajadores organizados, solicitando volver al sistema solidario, y que los patronos honren el pago de la alta morosidad acumulada.
Los zarpazos a la institución han sido dados por mafias de empresarios, farmacéuticos, empleados de manejo, y hasta de presidentes. Ejemplo de ello son las compras directas con costos elevados, construcciones suntuarias con adendas que ocultan sobrecostos, la destrucción de archivos para ocultar desfalcos promovidos por patronos ladinos, y las millonarias deudas en concepto de cuotas obrero patronales. Esa es la verdad.
La pandemia ha revelado, además, que hay una generación de panameños enfermos bajo el lema individualista de “qué hay pa’ mí”, independientemente de que el país atraviese un período de crecimiento económico o de crisis. El principio y el fin de esos grupos es sacarle provecho a cualquier medio circundante.
En el “buen gobierno” es un misterio el manejo de auditorías en numerosos casos de defraudación a lo interno de la Caja de Seguro Social. Más grave aún, es el papel de los jueces ejecutores. ¿A quiénes han sindicado por esos graves delitos?
Por otro lado, hay voces que exigen reacciones contundentes de quienes dicen tener la sartén por el mango, aunque teman quemarse, para que en los cuatro años que aún faltan del “buen gobierno” el país cambie diametralmente.
