La organización sanitaria del pueblo: terror de las élites del poder

0
69
Los acueductos rurales han sido una prioridad para los Comités de Salud. (Foto Panamá América).

Por Roberto Antonio Pinnock Rodríguez
Sociólogo. Investigador sobre sistemas de salud.

Últimamente, he observado esbozos frente al qué hacer en nuestro sistema de atención de salud, a raíz de la actual crisis sanitaria, por parte de diversos gremios de profesionales del sector, que expresan opciones de política cualitativamente contrarias. En todos los casos, reconocen que en materia de la estrategia seguida a nivel político mas no necesariamente entre personal de salud y usuarios de servicios médicos los resultados llevan a la misma interrogante que muchos nos hemos hecho, con respuestas diversas.

Esta interrogante es la misma que planteó recientemente la editorialista del prestigioso medio BRITISH MEDICAL JOURNAL, Fiona Godle, respecto de su país, pero que quienes hemos estado preocupados por el manejo de la pandemia en Panamá, nos podríamos acercar a una duda como esta. La interpelación reza como sigue: «¿Cómo se equivocó tanto un país con una reputación internacional de salud pública?», (citado en: Facultad de Medicina de Panamá, Comunicado No.5, 24 de mayo 2020).

Efectivamente, les ocurre a los ingleses lo que nos acontece a los panameños, expresado por la comunidad científica y activistas gremiales nacionales. Es decir, la editorialista en mención destaca algo que ya muchos hemos manifestado en foros virtuales y muy recientemente, en la entrevista que me hiciera TVN-Noticias al respecto de estos temas, proyectada el pasado viernes y una segunda parte en la noche de hoy.

Me refiero a una aseveración lógica y que los políticos en Gobierno suelen rechazar: “Si los ministros no comparten el pensamiento y la evidencia detrás de sus decisiones, sólo podemos juzgarlos por los resultados. Están en el poder y nosotros y otros debemos responsabilizarlos”, (Ibidem).

Así, salta a la vista una deficiencia que, otra vez, no ha dependido del equipo de salud al frente de los establecimientos de servicios médicos, sino de quienes han tomado las decisiones gubernamentales en esta etapa de la pandemia.

En efecto, son observables denuncias que han hecho algunas organizaciones de profesionales de la salud y sindicales que se caracterizan por eso, solo hacer denuncias. Su carácter es reactivo y no propositivo; al referirse a la CSS, por ejemplo, sólo apuntan al mantenimiento del statu quo o cambiar para no cambiar.

Hay otras que hacen denuncias, pero revelan cierto carácter político propositivo. Por ejemplo, la propuesta de que se vuelva al fomento de los COMITÉS DE SALUD, tal como lo describe la Comenenal y algunos organismos sindicales y de docentes con evidente mayor madurez en el pensamiento crítico.

A esto quiero referirme, en cuanto que se trata de una propuesta poco menos que inaceptable para las élites en el poder ‒no sólo gubernamental, sino económico‒ por una sencilla razón: le tienen terror a la organización autónoma del pueblo, que, en el caso de los comités de salud, en su momento estuvieron obligados a cuestionar a los poderes locales establecidos, al convertirse estos en barrera de las políticas favorecedoras de equidad social que fomentaban dichos comités.

Para que el Gobierno fomente o admita la promoción de esta forma de organización del pueblo al margen del clientelismo y la tutela politiquera, está obligado mínimamente a producir y compartir con estos destacamentos del nivel local, lo que hasta ahora ha hecho de manera episódica y fragmentaria: información epidemiológica y sanitaria veraz y coherente científicamente.

El poder de la información es una condición que permite empoderar a las poblaciones debidamente organizadas para una intervención directa no de médico-paciente, que no es la idea, sino de tener claridad de cómo, cuándo y por qué intervenir sobre tal o cual población con características de contaminador potencial e insertarlo en la población bajo control del personal de salud. Desde lo local, esta tarea incluye, pero no se reduce solo al tema de la trazabilidad -persecución implacable de los contactados por un infectado de COVID-19-, pero hace más eficiente esta actividad.

Las élites políticas y económicas, desde la misma creación de esa figura de organización popular en la década de 1970, pusieron sus mejores empeños para quebrantar su papel de liderazgo comunitario ‒no sometido a las leyes del clientelismo‒ fomentando su banalización. En tal sentido, esta propuesta toca fibras del statu quo, lo que requerirá de las organizaciones que la suscriben, estar conscientes de que las élites las considerará un agravio hacia ellas.

Dejar una respuesta

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí