Por Julio Bermúdez Valdés
Periodista
Dos informaciones se disputan este viernes los principales titulares mediáticos. El curso que transitan las reformas a la Constitución y los VarelaLeaks, una especie de wikileaks que a la vez que demuestran la fragilidad de los modernos sistemas tecnológicos de comunicación, revelan preocupantes intimidades de la pasada administración.
Portadas y titulares sugieren la presencia de dos corrientes en el debate en que están sumergidas las reformas. Pese a que apenas inicia su discusión, un sector de las juventudes que privilegian en sus titulares La Prensa y TVN, pide el retiro de las modificaciones, en tanto que el gobierno mantiene el examen de las mismas con una apertura cada vez más amplia para debatir.
Este viernes el presidente Laurentino Cortizo encabeza una reunión del Consejo de Concertación en la que se tratará la incorporación de mas sectores para la discusión y consenso de las reformas, de las que 72 de las 93 totales, han sido avaladas por el equipo de juristas que las ha estudiado por petición del mandatario.
Así, desde el gobierno se insiste en el necesario marco jurídico que necesita el país para encarar los retos nacionales, pero por una razón que aun no trasciende, los detractores del documento piden su retiro sin que se registre discusión alguna, ni divulgación ni conocimiento ni nada.
La otra información, la de los llamados VarelaLeaks es más prosaica, ilimitada en la imaginación y ahora sustentadora de sospechas.
Que el presidente Varela administró a su antojo la justicia, era un grito a voces del que el propio exmandatario no se cuidó. Las revelaciones solo le dan carne y hueso a los rumores, pero evidencia con drama y lamentaciones, la vulgaridad institucional que unos defienden y otros atacan dentro de los márgenes particulares de la moralidad de cada quien.
La mas afectada, la justicia, está en cuidados intensivos a partir de los documentos revelados, la falta de respuesta de los principales responsables del ministerio público y las lógicas demandas de renuncia.
Por menos en 2014 y 2015 el Ministerio Publico inició investigaciones, detuvo y dictó cautelares preventivas ¿y ahora qué?
