La nueva batalla por las vacunas y el derecho a la Salud

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Algunas vacunas podrían tener un valor cercano al oro.
Por David Carrasco
Director de Bayano digital
El mundo ha visto con asombro el desmedido intento de países ricos de acaparar la venta y distribución de vacunas diseñadas para combatir la pandemia de Coronavirus (Covid-19), convertida en una amenaza a la seguridad en el ámbito planetario.
Esa visión egoísta contradice los principios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se traduce en un grave riesgo de supervivencia y una catástrofe para los países pobres que carecen de recursos económicos para la compra de millones de dosis requeridas para la vacunación de familias vulnerables y empobrecidas por la crisis.
El estallido de la pandemia coincide con el declive de un sistema neoliberal, en el que el negocio de los medicamentos se vuelve más próspero en un mundo con la Salud Pública deteriorada. Si alguien tiene dudas sobre esa realidad, debería saber que de 2000 a 2018, unas 35 grandes compañías farmacéuticas registraron ingresos acumulados de 11.500 millones de dólares billones y ganancias brutas de 8.600 millones de dólares.
En medio de ese complicado escenario, denominado “guerra de las vacunas”, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reconoció que “en las situaciones de conflicto y de emergencia, obtener suministros básicos para aquellos que los necesitan se convierte en una cuestión de suma urgencia”. Ese clamor se intensifica ante la rápida propagación de la pandemia y el empobrecimiento masivo.
UNICEF ha señalado que podría transportar hasta 850 toneladas de vacunas contra la COVID-19 al mes en 2021, en caso de que haya disponibilidad de tales cantidades, para dirigir la adquisición y la distribución de vacunas contra la COVID-19, especialmente en 92 países de ingresos bajos y medianos bajos en nombre del Mecanismo COVAX, en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
El problema de poder concretar esa justa aspiración, es que las vacunas son el centro de un gran dominio multinacional regido por criterios de exclusividad. La especulación a través del negocio de sustancias y fármacos para la inmunización humana han revelado la interioridades de una crisis global con efectos directos sobre la Salud.
De hecho, en las últimas semanas, Panamá recibió una ridícula cantidad de vacunas (12.000 dosis) de la multinacional farmacéutica Pfizer. Esta empresa tiene un historial de demandas judiciales en otros países a causa del incumplimientos de contratos y el manejo de suministros de medicamentos, y el uso de cláusulas de confidencialidad contractual que entran en colisión con el principio de transparencia.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció un acuerdo con los laboratorios Pfizer y BioNTech para distribuir 40 millones de sus vacunas entre los países pobres, pero Pfizer suspendió temporalmente este año la producción del fármaco en sus laboratorios, sin dar mayores explicaciones a los Estados que habían comprado por adelantado grandes lotes de ese producto a las casas matrices.
Al mismo tiempo, las casas farmacéuticas de Occidente han creado barreras para obstaculizar la comercialización de productos de alta calidad elaborados en el campo socialista, sin que en esa decisión sea valorado el derecho humano a la Salud. Un ejemplo de ello, es el bloqueo impuesto a las promisorias vacunas contra el Coronavirus desarrolladas en Rusia, Cuba y otros países.
Es justo destacar que, en 2021, Cuba producirá 100 millones de dosis de su vacuna Soberana 02, con el objetivo de responder a su propia demanda y las de otros países. El Instituto Finaly, de Cuba, desarrolló Soberana 02 y Soberana 01, mientras que otros centros biotecnológicos de la isla caribeña trabajan en dos candidatos vacunales más llamados Abdalá y Mambisa.
Esa producción esperanzadora debería ser la respuesta lógica a una Latinoamérica carenciada, más allá de los prejuicios políticos e ideológicos que crean divisiones artificiales. La colaboración científica y el apoyo de brigadas médicas salvadoras deberían incitar a la unidad latinoamericana y prevenir el daño colateral provocado por la “guerra de las vacunas” en un mundo regido por la crisis y la incertidumbre.

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