Panamá pasa por un período crucial que afecta la definición del destino nacional: el desprestigio de su imagen internacional provocada por escándalos, procesos judiciales que han terminado en fiasco y la intervención oficial para torcer los fallos judiciales, lo que desemboca en la impunidad, ingobernabilidad y crisis.
La pérdida de la institucionalidad es evidente y ha sido agravada por la pugna entre poderes económicos que se disputan el poder político, así como la falta de un genuino proyecto que preserve las conquistas sociales. A ello se suma el latrocinio, la intimidación a fiscales y jueces, el engaño y el entreguismo a fuerzas intervencionistas.
Los excesos del sistema presidencialista y la abierta intromisión gubernamental en la esfera judicial –emplazada por nombramientos de magistrados sumisos y fallos desacertados– han fracturado la confianza de la población, que ve desmoronarse ante sus ojos la esperanza de castigo contra los delincuentes de “cuello blanco”.
La corrupción actúa como un abrasivo que corroe a las más antiguas instituciones del país, lo que causó estupor y pedidos urgentes de las organizaciones sociales para poner fin a esos desmanes, a través de las movilizaciones contra la coima y venta de fallos judiciales. De hecho, existe la necesidad de enderezar esos graves entuertos.
En el ámbito internacional, se admite que la Justicia es un valor determinado como bien común por la sociedad, y que surgió ante la necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes. Ello es lo que precisamente no ha ocurrido en Panamá, donde el derecho fue sustituido por el dolo, la inmoralidad, los abusos y la venalidad.
Es imposible aceptar como válida una Justicia contaminada por la corrupción y la inequidad. Para cambiar ese panorama, se requiere una Constituyente y una reingeniería al margen de los negociados, las tropelías y los abusos. Las organizaciones sociales tienen el deber de sentar las bases de un modelo serio, soberano y digno.
Sin embargo, es indispensable aclarar que no todos los sectores que apuestan por un cambio comparten los objetivos del movimiento popular. Elementos sin escrúpulos vinculados al capital financiero promueven un rediseño del modelo político para ejercer un control del Estado y el manejo privado de todo el patrimonio nacional.
