Por Aura Sibila Benjamín
Educadora y escritora
Hemos visto que desde la Presidencia de la República de Panamá surge propaganda a favor de la transnacional empresa minera que busca implantarse como nuevo orden político, legal, económico y social sobre el territorio de Panamá y los panameños. A su vez, dicha propaganda es replicada por diversas instituciones como la de Educación*, Cultura y de Ambiente… Sí, ¡la de Ambiente!, y otros como el de Gobierno y el de Comercio e Industrias, reproducen en sus canales institucionales las supuestas «bondades» de ese contrato minero. Olvidan que la obligación constitucional del gobierno nacional es velar por el cumplimiento de las leyes y el bienestar de los panameños y no defender los intereses de ninguna multinacional minera o de cualquier tipo.
La Asamblea Nacional, que agrupa a personas elegidas para representarnos, sólo puede ratificar o no en todo su contenido el contrato, sin incluir modificaciones, perdiendo así sus funciones constitucionales. La autoridad dual conformada por el ejecutivo y la empresa transnacional minera le exige obediencia y complicidad. Ese contrato, generado fuera del procedimiento contemplado en la ley, contiene un sinnúmero de aspectos inconstitucionales que, además, transgreden distintos acuerdos internacionales vigentes y firmados por Panamá.
Hemos escuchado importantes argumentos en contra del contrato minero. Las distintas voces, entre profesionales y asociaciones —incluso de los pobladores que están padeciendo el enclave minero—, que nos advierten, y no sólo eso, dejan en evidencia los terribles daños que provoca la extracción minera tanto en el territorio como a la salud de sus habitantes actuales y futuros.
Los pretendidos argumentos a favor —voces de algunos trabajadores y favorecidos con ciertas actividades mercantiles que se beneficiarán, es decir, un porcentaje reducidísimo de la población total del país— son utilizados en forma deliberada para ”romantizar” las ventajas para las comunidades aledañas. La transnacional se justifica a través de quienes protegen su salario individual, siendo que el acceso a trabajo, educación, alimentación, transporte, recreación, etc. son claramente responsabilidad del Estado.
Con el fin de vendernos la idea, o más bien comprarnos la conciencia, vemos anuncios en redes sociales en los que se ”romantiza” la pobreza generacional de los panameños y panameñas al mostrar la esperanza sostenida «de los pobres» por vivir dignamente. Se utiliza la psicología del color, mostrando colores frescos e imágenes de niños felices en un parque, jóvenes que por fin pueden estudiar, mujeres que trabajan y ya no están desempleadas ni vulnerables. ¿Acaso el bienestar ciudadano no es un derecho que debe gestionarse y organizarse desde el Estado? Para eso, las sociedades se organizan en Estados, donde la protección a la vida y la convivencia sana es la premisa de la democracia en cuanto a deberes y derechos. Así funcionan las sociedades civilizadas, esas que pretendemos alcanzar.
En contraposición fundamental, utilizando los mismos métodos de despojo que no hemos logrado superar en siglos, anclados a la depredación y el expolio, se nos inocula la extracción minera como único modo para ¿vivir? en un territorio muerto.
Las voces de quienes habitan en las comunidades contiguas a la actividad minera han expresado clara y abiertamente que los supuestos beneficios —porque todo en este precario momento histórico parece fabricado sobre supuestos, excepto que el gran daño producido en el territorio panameño es real — son inexistentes. Desde hace décadas, las comunidades (sobre)viven sumidas en el innegable abandono estatal. La tierra, el agua y el aire necesarios para la vida están contaminados, situación que perjudica la salud de las personas. El daño sistémico provocado desde la ilegalidad y la violación de los derechos culturales y humanos es inadmisible. Es una prueba irrefutable de una ejecución gubernamental antidemocrática, irracional y sin visión de futuro.
En síntesis, en Panamá ocurre un fenómeno importante: la Presidencia y otras entidades públicas proceden como representantes, negociadores o, mínimamente, como empleados de la minera, actuando del mismo lado, dejando a los panameños y panameñas en ausencia de representación. La razón por la que escogemos a representantes cada tanto en las elecciones es para conducir el Estado y, por ende, planificar y dirigir la Educación, la Salud, el Empleo, generar desarrollo, construir país. ¿Cierto?
El Estado somos todos los ciudadanos que habitamos este país —verdadero cuerpo social de autoridad—. Somos nosotros quienes delegamos en esas autoridades elegidas la representación de los derechos, intereses y desarrollo… que debe ser ético, equitativo y sostenible.
* A partir de septiembre, la propaganda pro minera fue borrada de las cuentas del Ministerio de Educación.
